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Los estudiantes de la Facultad de Farmacia desarrollaron un proyecto de análisis académico para observar el comportamiento de funcionarios de Salud ante la solicitud de información de carácter público de los medicamentos que se autorizan en el país para el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes y de cáncer de mama. El estudio reveló, que de manera reiterada les negaron el derecho de acceso a la información sobre estos.
El estudio denominado “Acompañamiento del ejercicio del derecho de acceso a la salud en comunidades costarricenses” fue realizado por el proyecto de Acción Social (TCU-758) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, que convocó el foro “Acceso a la información pública de medicamentos como derecho humano”.
En dicho foro participaron además de los universitarios, el diputado José María Villalta, Jessica Calvo, representante de la Federación de ONG ́s de Pacientes Costa Rica y el profesor Freddy Arias Mora.
El acceso a la información pública, está protegido por convenios internacionales y leyes nacionales como un derecho humano y fundamental de los ciudadanos de Costa Rica: “es un derecho de las personas que deseen recibir información pública y datos en custodia del Estado”, señalaron los ponentes.
“Contrario a lo que establecen tratados internacionales y la propia Ley de información no divulgada, el Ministerio de Salud de Costa Rica impide el acceso de la población e insiste en mantener como confidencial, información que es básica para demostrar la calidad de un medicamento. No brinda acceso a la información relativa al control de calidad del producto por parte de los laboratorios oficiales del país. Reportes periódicos de seguridad, plan de manejo de riesgos y plan de farmacovigilancia post-comercialización y ejercicio de biosimilitud. Conocer toda esta información es de suma importancia para las personas pacientes” son parte de las conclusiones de la investigación.
Además enfatizaron en la necesidad de que el proceso para autorizar el uso de un medicamento debe ser “absolutamente transparente”, para resaltar después que, en oposición a este criterio “el Ministerio de Salud de Costa Rica insiste en que dicha información no puede ser conocida por la ciudadanía”.
Por consiguiente, señalaron, “surge una gran preocupación al evidenciar la violación y restricción de este derecho a conocer sobre la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos autorizados para uso en la población costarricense, por parte del Ministerio de Salud”.
Agregaron los universitarios que al ser Costa Rica un ejemplo en la defensa de los derechos humanos es imperativa la necesidad de aplicar las medidas necesarias y se tomen las acciones pertinentes “para que se garantice a la población su derecho fundamental del acceso a la información y de esta forma, se vele por la protección de su salud y sus derechos humanos”.
