Imagen: Captura de pantalla de documental sobre rescate de la memoria del movimiento estudiantil universitario (VAS/UCR).
En el dictamen que la UCR envió, este viernes, al Poder Legislativo en respuesta a la consulta le solicitó sobre el nuevo texto del proyecto de ley de empleo público -que habría corregido más de 30 inconstitucionalidades señaladas por la Sala IV-, expresa su contundente rechazo y mantiene su posición de que las universidades públicas deben quedar fuera de este proyecto de ley, en el caso de que los congresistas insistan en aprobarlo.
Este criterio se basa en seis razones. El Órgano Colegiado “llama la atención sobre la manera tan básica en que el proyecto concibe la autonomía universitaria” y lamenta “los criterios desarrollados por la misma Sala Constitucional que resultan contradictorios al artículo 84 de la Constitución Política”.
Para esta Universidad, “las modificaciones introducidas al texto no corrigen los vicios señalados por la Sala IV, sino que “son una coletilla que no toma en cuenta el sistema completo, pues lo que hace es maquillar la propuesta original para decir que se adapta a las normas constitucionales sin realmente hacerlo”, en otras palabras mantiene graves vicios de constitucionalidad.
Por otra parte señala la UCR, el proyecto contiene implicaciones muy serias para las universidades públicas, al insistir en la propuesta de dos categorías de contratación laboral: “una que tiene fines protegidos constitucionalmente en sus actividades de docencia, investigación, extensión y acción social –a la que no se le aplicaría la futura ley–, y otra de personal administrativo y demás personas trabajadoras que sí se someten a las nuevas regulaciones y que quedarían expuestas a los vaivenes del Poder Ejecutivo”.
De manera especial, el Consejo Universitario llama la atención sobre dos objetivos del proyecto de empleo público. Por un lado precisa sobre el objetivo de naturaleza financiera y de control del gasto en materia de remuneraciones.
Por otro lado, advierten los universitarios que "solapadamente, contiene una reforma del Estado no explicita, discutida, ni decidida por la sociedad costarricense, cuando centraliza este tema en el Poder Ejecutivo y debilita las autonomías otorgadas constitucionalmente, lo cual lesiona un aspecto básico de la democracia costarricense como es la independencia de poderes" además de la autonomía especial de que gozan por norma constitucional las universidades públicas.
La UCR indicó que, si bien es oportuno diseñar una legislación que permita a las instituciones estatales continuar fortaleciendo su eficacia, efectividad y eficiencia, en procura del bienestar de la población, ese objetivo país "es enemigo de la improvisación, el análisis superficial, la falta de rigurosidad científica y de estudios técnicos, así como de perspectivas cortoplacistas cimentadas en análisis económicos que acentúan la dinámica fiscal que plantea este proyecto de ley, por sobre las complejas interrelaciones que caracterizan a las sociedades actuales".
Ejemplo de ello, "es la intención de unificar el sistema salarial del sector público sin que estén claros los aspectos metodológicos que contemplaría el establecimiento del salario global".
El Consejo Universitario también llamó la atención sobre “la cláusula de objeción de conciencia que todavía conserva el proyecto de ley (el nuevo texto enviado a consulta) y que para el ámbito universitario es inconveniente, porque la universidad pública debe posicionarse a la vanguardia en las reflexiones, y nunca (debería) tener autorización para evadir el análisis crítico de las ideas y los sistemas de pensamiento o, peor aún, discriminar a las personas por causa de ellas”.
Adicional a los anteriores señalamientos, el criterio de la UCR contempla una serie de observaciones específicas y posibles formas de subsanar los inconvenientes que presenta el texto “en caso de que la Asamblea Legislativa insista en aprobar este proyecto de ley”.
