El gobierno efectuó el miércoles el desembolso, como primer pago de un total de 34,9 millones -monto del acuerdo- argumentando que los diferentes departamentos legales del Consejo Nacional de Concesiones, el Ministerio de Transportes, la Contraloría y la Procuraduría han dicho que todo está apegado a derecho.

Así lo manifestó el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, que ha encabezado la negociaciones con la empresa transnacional.

“Me parece muy irregular que el señor Gallardo se deje decir eso, sabiendo que hay un proceso judicial (ante el Tribunal Contencioso Administrativo) que no ha sido resuelto”, afirmó el abogado Alvaro Sagot, miembro del Foro de Occidente, la organización que ha encabezado la lucha contra esa contratación.

“Si le sumamos que además existen causas penales en trámite por malos actos administrativos, uno dice: aquí hay algo raro. ¿Cuál es el motivo para entregar esos dineros?”, formuló Sagot, quien es uno de los abogados que ganaron la demanda contra el Estado en el caso de la concesión otorgada a la empresa minera canadiense Industria Infinitas para la explotación de una mina en Crucitas.

El abogado afirmó que “hay nulidades absolutas en las cuales incurrió Autopistas del valle y avalaron OAS y el gobierno, tales como documentos y permisos caducos” que hacen absolutamente inviable el pago a OAS desde el punto de vista jurídico”.

Añadió que desde el 5 de diciembre se le solicitó al juez que prohibiera de manera absoluta cualquier pago a OAS como medida precautoria, pero se ha retrasado la convocatoria a una audiencia sobre el tema, lo que ha aprovechado el gobierno para adelantarse y hacer el desembolso.

Autoridad ética

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís, afirmó que el gobierno no tiene “autoridad ética para finiquitar el contrato con OAS”, debido a los múltiples cuestionamientos que se han formulado en torno a este caso.

“La mejor opción para el país es que el próximo gobierno sea el encargado de cerrar este asunto con la participación de la comunidad de occidente”, agregó el candidato del PAC.

“Es irresponsable que el gobierno asuma compromisos y obligaciones pagando 6,5 millones de dólares a OAS, si aún los tribunales costarricenses no se han pronunciado sobre la nulidad del contrato”, planteada por el Foro de Occidente.

En tono aún más fuerte, el candidato del Partido Patria Nueva, José Miguel Corrales, condenó al gobierno por lo que calificó de “sumisión a intereses bastardos inconfesables” que “no merecen otra actitud que la de repudio nacional”.

“En forma incomprensible (el gobierno) no solo ha desoído el clamor de las comunidades organizadas en los diferentes foros ciudadanos, sino que irrespetó los procedimientos judiciales que norman nuestras instituciones, al adelantarse con este pago inaceptable, a las disposiciones que debe tomar el Tribunal Contencioso Administrativo”.

Argumentos espurios

Otro de los argumentos esgrimidos por el gobierno es que se debía finiquitar el problema con OAS para hacer posible el inicio de las obras de ampliación, como lo reclaman las comunidades de Occidente.

Para Sagot, estos argumentos no son más que excusas del gobierno para actos que son irrespetuosos del Poder Judicial.

“En el Foro de Occidente hemos analizado este tema y estamos dispuestos a esperar para que las cosas se hagan de manera legal, con transparencia, pero no es eso lo que ha querido hacer el gobierno”, apuntó.

De todas maneras “esto gobierno nunca hizo nada, ni va a hacer nada, por lo que resulta preocupante que se utilice este argumento.