“La huelga en los servicios públicos esenciales está prohibida en el artículo 375 del Código de Trabajo vigente, pero esta norma no ha impedido que se realicen sin que exista ninguna regulación que evite la suspensión de los servicios públicos”, razón por la cual se emitió el decreto, según el ministro de Trabajo, Víctor Morales.

El Decreto define como servicios públicos esenciales aquellos cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas.

Dentro de la anterior definición se incluyen los servicios de prevención y atención en salud, la seguridad pública, la atención de emergencias nacionales, el suministro de agua, energía y telecomunicaciones necesarios para la prestación de los anteriores servicios. Asimismo, el transporte de pacientes por vía terrestre, acuática o aérea.

El decreto establece que cuando exista un conflicto anunciado que pueda desencadenar en una huelga, el jerarca de la institución deberá aplicar de inmediato los mecanismos contemplados en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, y podrá solicitar la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo en el proceso de conciliación.

“Si esta vía no da resultado y se inicia la huelga, la administración debe priorizar el restablecimiento inmediato de los servicios. Para eso podrá recurrir a la contratación o movilización del personal necesario para la continuidad de los servicios”, explicó Morales.

El decreto faculta también al patrono a iniciar de inmediato la recolección de pruebas de los trabajadores participantes en la huelga para los posteriores efectos administrativos o judiciales e iniciar el trámite para la declaratoria de ilegalidad de la huelga.

El decreto complementa  las reformas a la Ley Procesal Laboral, a la que el presidente Luis Guillermo Solís levantó el veto que le había impuesto su antecesora, Laura Chinchilla. Una de las principales críticas a esa reforma era precisamente la falta de regulación a la huelga en los servicios básicos.

Sindicatos en contra

La decisión fue calificada como “desafortunada” por el frente sindical Patria Justa, que encabeza el dirigente de los empleados públicos, Albino Vargas.

La regulación vía decreto “se caerá ya sea en la vía legal-constitucional o mediante el ejercicio cívico de la democracia de la calle”, advirtió la organización en un comunicado.

La coalición sindical Patria Justa “se ha puesto en total alerta y analizará en los días siguientes la serie de acciones que se pueden impulsar, en varios escenarios, ante lo que consideramos una extralimitación, plena de inconsistencias y hasta de contenidos ridículos”.

La coalición sindical, que hace unos días celebró el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral como un acontecimiento histórico, aseguró que el gobierno no puede ir más allá de las regulaciones del Código de Trabajo mismo.

Los sindicalistas aseguran que el gobierno ha querido, con este decreto, quedar bien con las cámaras patronales y con “su vocera por excelencia”, en referencia a un medio de comunicación.