El Estado es responsable de mantener en buen estado las instalaciones deportivas y de recreo en las escuelas públicas y debe asumir la responsabilidad por los daños que puedan sufrir los menores a consecuencia del incumplimiento de este deber, determinó la Sala I de la Corte Suprema de Justicia al resolver un recurso de casación.

El fallo confirmó una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual condenó al Estado a pagar 20 millones de colones a favor de un niño de ocho años quien sufrió un trauma cráneo encefálico al caerle el marco de una cancha de papi-fútbol en la cabeza mientras jugaba en una escuela de la provincia de Heredia.

Los familiares del niño presentaron una demanda a raíz de este incidente por considerar que era obligación de los funcionarios del centro educativo mantener en buen estado la instalación deportiva.

Al respecto, la Sala I aseguró que   "el accidente fue ocasionado por el mal estado del marco ubicado en la cancha, como consecuencia directa de la falta de cumplimiento de un deber estatal, y no por la conducta del menor”, como aseguró la defensa legal del Estado.

Los magistrados afirmaron también que, tratándose de menores de 15 años que asisten a un centro de enseñanza, “siempre opera una transferencia de la guarda sobre ellos a manos del docente específico y del director del centro educativo, por disposición expresa del Código Civil”.

El accidente “no sólo le ocasionó dolor físico a la víctima, sino también una afectación negativa de sus condiciones anímicas, como una consecuencia lógica de su internamiento prolongado en el hospital, las terapias, y las secuelas que el accidente le ocasionó. Por lo tanto, la fijación fue conforme con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y no constituye un enriquecimiento sin causa para la parte actora, por el contrario, viene a ser una compensación ante la adversidad que debió afrontar, como consecuencia directa que este hecho ocasionó", puntualizó la sentencia de casación.

 La demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, la presentó la madre del menor, una mujer de apellidos Salazar Barquero, vecina de Heredia,  contra el Estado.