CIUDAD DE GUATEMALA - La Corte, ubicada en Costa Rica, es una organización judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene como objetivo conocer casos de genocidio y delitos de lesa humanidad.

La nueva disposición comenzará a regir a partir de este jueves 3 de enero, las autoridades argumentaron que "la reserva hecha por el Estado de Guatemala no ha sido interpretada adecuadamente por la comisión de la Corte".

Guatemala ha sido obligada desde el 2001 por la Corte Interamericana a resarcir en 12 ocasiones a víctimas del conflicto armado interno; en dichas ocasiones el Estado ha desembolsado 20.8 millones de dólares a 468 personas.

Entre los casos que han trascendido está el de la Panel Blanca, el de Myrna Mack Chang, la masacre del Plan de Sánchez, las masacres de Río Negro, entre otras.

El Gobierno del presidente guatemalteco, el general retirado Otto Pérez Molina, argumentó que una “reserva”  hecha por el Estado y en vigor desde marzo de 1987 establece que la Corte IDH solo podrá conocer casos ocurridos después de esa fecha.

“Corresponde hacer una aclaración interpretativa de dicha reserva para su comprensión y aplicación conforme a la voluntad del Estado, en armonía con el ordenamiento jurídico internacional y con los compromisos de Estado derivados de la aprobación y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” , señaló el documento oficial.

 “En caso de hechos o delitos continuados, el principio de ejecución o conducta originada debe haber sucedido con posterioridad al reconocimiento de esa competencia” , indicó el decreto ejecutivo.

La Corte IDH, con sede en Costa Rica, condenó en noviembre pasado al Estado guatemalteco por la desaparición forzada del líder estudiantil y sindical Edgar Fernando García, perpetrada el 18 de febrero de 1984 por un grupo de agentes de la desaparecida Policía Nacional.

También en noviembre pasado, el tribunal regional condenó al Estado guatemalteco por el caso conocido como “Diario Militar”.

Se trata de un documento elaborado entre agosto de 1983 y marzo de 1985 por una unidad de la Inteligencia Militar que contiene un registro de operativos represivos como secuestros, detenciones secretas y asesinatos, e información sobre las víctimas de dichos operativos.