¿Cuál es el fondo del problema?
El centro del debate es la intención explícita en ese proyecto de trasladar prerrogativas que siempre han sido de las instituciones de educación superior, particularmente las políticas de empleo, a la Dirección General del Servicio Civil (DGSC).
“Esta dirección -dice el referido proyecto- establece, dirige y coordina la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales” de todas las instituciones del Estado, incluidas las universidades públicas.
No obstante, esta norma es abiertamente violatoria de la Constitución Política que, en su artículo 84, define que “la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica”.
Este texto constitucional ha sido interpretado claramente por la Sala Constitucional que, en una resolución de 1993, indica: “… Son estas las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas”. “La autonomía universitaria tiene como principal finalidad procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores…” (Considerando VI de la Resolución 1313-93 del 26 de marzo de 1993 de la Sala IV).
Otorgar a un ente externo la potestad de definir las políticas de empleo de las instituciones de educación superior es, en la práctica, cercenar su autonomía, pues no existe independencia administrativa, ni académica, ni de investigación sin independencia financiera.
¿Por qué es importante la autonomía universitaria?
Algunos de los principios básicos del quehacer universitario son la libertad de cátedra y el debate de ideas, sin los cuales no pueden desarrollarse a plenitud la ciencia y el conocimiento.
Por ello, desde hace siglos se viene planteando la importancia de que las universidades sean autónomas, lo cual implica que estén libres de las presiones que se pueden ejercer desde el poder político y económico o desde las corrientes ideológicas y religiosas.
De no ser así, un gobierno podría suprimir carreras, cerrar cátedras o impedir proyectos de investigación con solo imponer determinadas políticas financieras.
La sociedad se privaría entonces de avances científicos y tecnológicos beneficiosos en diferentes campos, tales como la salud, la producción, el medio ambiente, el crecimiento económico, entre muchos otros.
La gran mayoría de los países desarrollados y de democracias avanzadas reconocen la autonomía universitaria plena y la respetan como un bien púbico de la mayor trascendencia.
¿Qué ha producido la autonomía universitaria en Costa Rica?
Algunas personas se preguntarán, entonces, de qué manera se ha beneficiado la sociedad costarricense otorgando la autonomía de que actualmente gozan las universidades. ¿Ha servido para algo?
Muchas de las cosas extraordinarias que han aportado las instituciones estatales de educación superior al país están tan firmemente incorporadas a nuestra vida cotidiana, que ni siquiera nos preguntamos de dónde vienen.
1. Formación de profesionales
En primer lugar, debemos mencionar la formación, a lo largo de décadas, de miles de profesionales en todas las áreas del quehacer humano, profesionales de altísima calidad en medicina, ingeniería, arquitectura, agronomía, al igual que en ciencias sociales como el derecho, la economía o la comunicación, entre otras.
La Universidad de Costa Rica, que tomamos de ejemplo por ser la más antigua y grande del país, está catalogada como la mejor de Centroamérica, una de las mejores de América Latina y, además, se encuentra “ranqueada” entre las 500 mejores universidades del mundo.
2. Investigación
Siguiendo con el ejemplo, la UCR cuenta con 1.300 proyectos de investigación y servicios especializados, cuya labor incide de muy diversas maneras en la vida de los costarricenses en general.
El Instituto Clodomiro Picado, por ejemplo, se ha dedicado durante décadas al desarrollo de sueros antiofídicos, que han salvado la vida a miles de personas dentro y fuera del país.
En Costa Rica se registran cerca de 600 accidentes por mordeduras de serpiente al año y son lo sueros producidos por dicho instituto los que se utilizan para contrarrestar los efectos del veneno y salvar la vida, especialmente de trabajadores agrícolas.
Sus productos, exportados solidariamente a varios países del mundo, salvan la vida de unas 6.000 personas al año.
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) es el encargado de vigilar el estado de las carreteras y puentes en todo el país, con el fin de procurar el mejor uso de los recursos públicos en infraestructura y maximizar las condiciones de seguridad de nuestras vías.
La Escuela de Biología de la UCR trabaja diariamente en la identificación y descripción de especies animales y vegetales, muchas de las cuales ni siquiera se conocía que existieran en el país. Esta labor permite tener un conocimiento más completo de nuestra biodiversidad y ayuda a orientar mejor las políticas ambientales.
Como en los ejemplos anteriores, muchos otros ámbitos de la vida nacional reciben la influencia positiva de la investigación que realizan las universidades: la calidad de los granos que consumimos para nuestra alimentación diaria; la pureza de los combustibles; la información sismológica, la prevención de emergencias; la calidad de los medicamentos; la seguridad de los servicios de suministro de gas.
En todos éstos y muchos otros aspectos, los científicos universitarios aportan su conocimiento para evaluar, mejorar y hacer más seguros los productos y servicios que consumimos y con ello elevar nuestro nivel de vida.
3. Acción Social
Las universidades públicas desarrollan numerosos proyectos destinados a servir a las comunidades del país, especialmente a aquellas con poblaciones en riesgo social, económicamente desfavorecidas o históricamente relegadas.
Por ejemplo, la UCR desarrolla más de 200 proyectos con microempresas y pequeñas y medianas empresas a las que les transfiere conocimiento y tecnología. Se trata principalmente de iniciativas de innovación en campos como la agroindustria, salud, bienestar, educación, ambiente y energía, entre otros sectores.
Las universidades también impulsan proyectos de desarrollo productivo con comunidades indígenas o respaldan los procesos de aprendizaje y empoderamiento de mujeres pobres, por mencionar unos cuantos.
¿Son las universidades públicas más elitistas ahora que en el pasado?
Este es una argumentación sin sustento que utilizan los enemigos de la autonomía para desacreditar a las universidades.
Antes de la creación de la UCR, los jóvenes que querían estudiar una carrera universitaria debían viajar al exterior y eso solo podían hacerlo los hijos de las familias con más recursos económicos.
Pero después de la fundación de la UCR a mediados del siglo pasado, las universidades han sido un factor determinante de la movilidad social en Costa Rica.
Miembros de varias generaciones de costarricenses de bajos recursos lograron convertirse en profesionales y mejorar sus condiciones de vida y de sus familias, gracias a un amplio sistema de becas.
Y esto no ha cambiado sustancialmente. De los 42.000 estudiantes que tiene la UCR, más de la mitad tiene algún tipo de beca. Alrededor de 14.000 estudiantes (un tercio del total) disfrutan de beca 5 que implica la exoneración total, ayudas económicas y otro tipo de facilidades.
De acuerdo con datos de 2017 del Estado de la Educación, “la mitad de la población que asiste a la educación superior lo hace en una universidad pública” y el 86,1% de los nuevos ingresos provinieron de colegios públicos o subvencionados”.
En conclusión
Este concepto de universidad que tantos beneficios le ha traído al país, solo ha sido posible en condiciones de independencia que excluyen definitivamente la manipulación de la política, la religión o la ideología y que, por el contrario, propician el más amplio pluralismo.
Es verdad que nada es perfecto. Las instituciones de educación superior tampoco lo son, tienen defectos, cometen errores. Y es verdad también que hay distorsiones en las escalas salariales de su personal que deben ser corregidas.
Eso lo han admitido las actuales autoridades universitarias, que han manifestado además su firme determinación de trabajar en la corrección de tales errores.
Sin embargo, no se corrige un error con otro más grande. Violentar la autonomía universitaria sería mil veces más dañino para el sistema de educación superior y para el país en general que cualquier desequilibrio interno.
