En razón de estos hechos, se desencadenan una serie de inquietudes, algunas relacionadas con la respuesta judicial a la denuncia presentada por la persona afectada; otras con la responsabilidad de las Autoridades de Salud en la gestión de supervisión del proceso de vacunación que se supone debe llevarse a cabo en las áreas de salud en general y las últimas, con la violación a los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Respuesta judicial ante tales hechos: Las interrogantes concitan a preguntarse si la Fiscalía General o la Autoridad Judicial correspondiente, ante una denuncia tan grave que afecta el derecho a la vida y a la salud de personas adultas mayores (población de 58 años y más sujeta a vacunación) han procedido de manera inmediata a allanar el domicilio de la persona implicada, con el fin de determinar si se trata de un hecho delictivo aislado o de una red de personas que están traficando las vacunas de esa forma, para comerciarlas a terceros o para inmunizar a sus familiares.

Bajo esa misma hipótesis, es viable preguntarse, si esa persona fue o está siendo debidamente interrogada por las autoridades judiciales, con el fin de extraer información oportuna que permita desarticular una eventual red dedicada a sustraer vacunas, utilizando el mismo modo que muestra el video, o para llegar al esclarecimiento de la verdad real. Estarán las Autoridades judiciales interrogando a todas las personas que laboran en el área de salud de la Unión -incluida la jefatura que se encuentra obligada a que el servicio a su cargo garantice la salud de las personas-, en aras de lograr una mayor oportunidad en recabar pruebas para la investigación.

Somos testigos, de la cantidad de allanamientos que se realizan de menor monta, sin embargo no se ha conocido ese actuar de las Autoridades judiciales, hasta el momento, por tan graves hechos que ponen en riesgo a toda la población cubierta por el proceso de vacunación nacional.

Estos requerimientos se limitan a interpelar a las autoridades judiciales para que dupliquen esfuerzos en la ruta de acciones necesarias e inmediatas, para lograr una oportuna investigación, que permita garantizar de manera urgente, a la ciudadanía, la hipótesis de que lo ocurrido fue un hecho aislado que no volverá a repetirse en ninguna área de salud, o que por el contrario, se trata de una red detectada a tiempo y desarticulada.

Por ahora, la respuesta judicial a esas interrogantes queda sin respuesta y solo se sabe de la decisión administrativa tomada por las Autoridades de Salud de suspender en el cargo al funcionario involucrado.

¿Será suficiente esa acción administrativa para acabar con el problema? ¿Cómo garantizar que la misma situación no haya ocurrido en otras zonas o áreas de salud del país?

¿Podremos las personas vacunadas con una dosis o con dos dosis estar tranquilas de que fuimos realmente inmunizadas?

De la gestión o proceso de seguimiento y control del proceso de vacunación: Desde el punto de vista de la gestión o proceso de aplicación de la vacuna, llama la atención, con qué facilidad un empleado de un área de salud comete el hecho irregular.

Como persona perteneciente a la población sujeta a vacunación, desde el momento que tuve conocimiento de la noticia, he tratado de reconstruir los hechos que acontecieron en la aplicación de mi primera dosis de vacuna en uno de los Ebais pertenecientes al área de Salud de San Francisco de Dos Ríos. De mi memoria pude rescatar, que efectivamente solo una persona estaba a cargo de vacunar, y la aplicación transcurrió en segundos sin oportunidad ni de sentarse, es decir, se nos aplicó la vacuna de pie.

Luego de aplicada la dosis, la joven se limitaba a entregar un pedazo de papel escrito rápidamente con lapicero, que indicaba la hora de la vacuna, con el fin de que, transcurridos 15 minutos, se le mostrara a la funcionaria que estaba sentada en una silla en el pasillo de salida, para la entrega del carné con fecha para la 2da dosis.

En resumidas cuentas, no hubo supervisión de la persona que aplicó la primera dosis, pero todas las personas a pesar del trato deshumanizado descrito, salíamos confiadas de que habíamos recibido la primera inmunización, sin cuestionarnos un evento de la magnitud del que ahora tenemos conocimiento, que ha golpeado nuestra esperanza a la inmunización y la confianza en el proceso de vacunación.

Surge la necesidad de encontrar respuestas para el esclarecimiento de la verdad. Por ejemplo ¿quién está fiscalizando ese proceso?, ¿cuántas personas de la salud se encuentran involucradas por área de salud?, ¿dónde queda el deber de fiscalización de la jefatura y su responsabilidad?

A lo que se suma otra preocupación, ¿de qué manera acontece el proceso de vacunación en lugares más lejanos o en población con ciertas características: en condición de pobreza o de pobreza extrema, población indígena, personas con discapacidad, personas adultas mayores en albergues de larga estancia? ¿Quién ha supervisado esas actuaciones y cómo?

Estamos claros, que cualquier proceso debe asegurar mecanismos de seguimiento y supervisión. Esa vigilancia y control se acentúa en los relacionados con el derecho humano a la salud y en este caso, la lógica y razón nos conduce a suponer que un proceso de vacunación tan importante, no puede quedar a la libre de la persona que aplica la vacuna.

Las debilidades y ausencia de supervisión están saliendo a la luz y deben permitir una rigurosa reflexión por parte de las Autoridades de Salud, para brindar respuestas transparentes a la ciudadanía. De la misma manera, se debe hacer efectivo el derecho a la información de la persona que está siendo vacunada, deber que se violenta de manera lamentable en casi toda la institucionalidad pública, sin que sea la excepción la institucionalidad que vela por la salud pública. En el caso concreto, como lo plasmó por escrito el señor Ministro de Salud –lamentablemente luego de ocurridos los hechos-, debe garantizarse el derecho de la persona a que se le informe y hasta se le muestre la dosis que se le va a aplicar.

Queda a salvo de los requerimientos expuestos, el compromiso y confianza depositada en el personal de la salud en general, que con invaluable sacrificio y esfuerzo libran cada día la batalla contra el CORONAVIRUS para salvar vidas, sin estar excluidos de riesgos de contagio y que ha cobrado ya lamentables pérdidas de profesionales, en esa entrega incondicional que ocurre en el recinto hospitalario.

Derechos de la población adulta mayor

Lamentablemente, los hechos ocurren al hacer efectivo su derecho a la vacuna una persona adulta mayor. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Asamblea General de la O.E.A. del 15 de junio de 2015) ratificada en nuestro país mediante Ley 9394, visibiliza las situaciones de discriminación que enfrentan las personas mayores en la Región, siendo que para la mayoría, sus vidas transcurren en un entorno de marginación, negación de derechos, invisibilización de sus diferencias y colocación de ciudadanos de “segunda categoría”. Debemos tener claro, que es ese entorno desigual el que hace vulnerable a la persona adulta mayor y no precisamente la condición de su edad.

La pandemia ha puesto al descubierto las inequidades y desigualdades existentes, y el abuso que viven día a día a lo interno de sus familias muchas personas adultas mayores que han perdido su autonomía para tomar decisiones y desplazarse, hechos que ocurren bajo la lamentable justificación de la pandemia. Lo mismo acontece a nivel institucional en el que muchos hogares de larga estancia, no cuentan con tecnología para permitir una fluida comunicación de las personas adultas mayores con sus familiares y sus vidas transcurren de manera aislada, sin socialización de ningún tipo, incluida la tecnológica.

A lo anterior, se suma la violación al derecho de vacunación con grado de certeza. No resulta justo, que muchas personas adultas mayores, sufran la inseguridad de si realmente fueron vacunadas. Cómo se va a hacer para garantizarles la efectividad de ese proceso a todas las personas adultas mayores que recibieron vacunación en el área de salud de la Unión y de qué manera se va a garantizar al resto de la población adulta mayor que en el recinto donde fueron vacunadas no se cometieron también irregularidades

Cómo podremos tener convicción de haber sido inmunizados, mediante la aplicación de la vacuna, si los hechos ocurridos, han provocado un golpe a la esperanza y confianza que habíamos depositado en el proceso de vacunación.

Por último, resulta necesario reiterar y dejar claro, que estos exhortos no se direccionan a poner en duda el invaluable trabajo que desempeñan todas y cada una de las personas profesionales en ciencias de la salud y de quienes brindan servicios de apoyo tanto técnico como administrativo en la CCSS, para que las personas aseguradas o no, logren hacer efectivo su derecho fundamental a la salud sin discriminación de ningún tipo. Su sacrificio y entrega, siempre serán motivo para resaltar como ejemplo en los actuales momentos de pandemia y en el futuro incierto que nos espera.