Ambientalistas denuncian graves omisiones y restricción a la participación de las comunidades en el uso sostenible y cuido del agua en sus comunidades. (Foto: UNIVERSIDAD)

(Ambientalistas denuncian graves omisiones y restricción a la participación de las comunidades en el uso sostenible y cuido del agua en sus comunidades. (Foto: UNIVERSIDAD)

Los diputados de la Comisión legislativa de Ambiente emitieron, ayer miércoles, dictamen afirmativo para un proyecto de ley de gestión del agua, que no incorporó ni uno solo de los 21 puntos que las ASADAS, las comunidades, organizaciones ecologistas y expertos, recomendaron y sobre los que había consenso que incluyó además, en su momento, al Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y representantes de la Asamblea Legislativa.

El proyecto de ley de la Comisión de Ambiente contiene graves omisiones  y ambigüedades que amenazan el ejercicio del dominio público sobre el agua, un recurso que pertenece a todos los costarricenses y que fue recientemente incorporado a la Constitución Nacional como un derecho humano cuyo acceso universal y cuidado corresponde garantizar al Estado. Este derecho no está garantizado en el texto aprobado, denunciaron los ecologistas.

El proyecto desconoce, al no incorporarlas, a las ASADAS que son las organizaciones de las comunidades que gestionan el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos locales, quitándoles la oportunidad de contar con un marco jurídico que necesitan como organizaciones comunitarias.

Tampoco incorpora regulaciones ni sanciones por la contaminación de fuentes de agua con agroquímicos, un delito contra el ambiente que algunas empresas agroindustriales repiten y que le cuesta al AyA millones de colones en el abastecimiento de agua potable a las poblaciones que se ven afectadas y en la inversión de recursos públicos para remediar la contaminación provocada por empresas privadas.

La Comisión de Ambiente dictaminó positivamente el proyecto Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Expediente N°20.212, este 1° de julio, con la justificación de que la iniciativa va a facilitar el ordenamiento, regulación y uso sostenible del agua en todo el territorio nacional.

Según la presidenta de la Comisión, Paola Vega, diputada oficialista, el texto aprobado “recupera muchas de las propuestas de la iniciativa original” presentada a la corriente legislativa por organizaciones ambientalistas.

Pero esas organizaciones ambientalistas a las que hace referencia Vega, junto con representantes de las comunidades y de las ADASAS denunciaron que no fue incorporado ni uno solo de los 21 puntos acordados con los diputados y las autoridades.

Mientras la diputada Vega asegura que “hay avances fundamentales como multas y sanciones mayores por contaminar fuentes de recurso hídrico y la incorporación de elementos de consulta pública y participación ciudadana. Pero los ecologistas denunciaron que estos elementos fueron omitidos en el texto aprobado el los diputados de la comisión legislativa pese a existir acuerdos sobre estos puntos.

Uno de los puntos más sentidos por las comunidades y las ASADAS es la fuerte restricción a la participación ciudadana en la gestión, uso sostenible y la protección del recurso hídrico así como las vías para la formulación y atención oportuna de denuncias, lamentaron.