Ante el peligro de que la sustracción estuviera dirigida a ocultar evidencia de graves irregularidades detectadas, los miembros de la Junta Interventora temporal solicitaron el 8 de setiembre a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción que hiciera un allanamiento. “Diez días después, el 18 de setiembre, respondieron que ‘no hay elementos’ para realizar dicho allanamiento.

Esto, digo Zúñiga, “pese a que se entregaron videos, notas e informes” que justificaban suficientemente dicha petitoria.

El 18 de agosto de 2014, el gobierno decretó la intervención de JUDESUR, sin destitución de sus miembros ante situaciones irregulares detectadas en los primeros días de la nueva administración.

El hecho más sobresaliente señalado en ese momento fue que de los 70.000 millones presupuestados por JUDESUR entre 2007 y 2013, solo se ejecutaron 39.659 millones, pese a que las comunidades de la zona sur enfrentan importantes rezagos en materia social y que los pequeños productores de la zona urgen de algún tipo de acompañamiento.

Precisamente, JUDESUR es una institución que se financia con las ganancias que genera el Depósito Libre de Golfito y que fue concebida para impulsar el desarrollo de las deprimidas comunidades de la zona sur.

Hallazgos

Aunque la intervención no ha concluido, su trabajo ha arrojado otro tipo de irregularidades: pagos indebidos de dietas por ₡2,8 millones en dietas por sesiones no realizadas; deudas de directivos con JUDESUR por  ₡ 3 millones con arreglos de pago de  ₡10.000 mensuales sin intereses.

“Como parte de los hallazgos, se presenta una serie de contrataciones y relaciones familiares, que de acuerdo a la Junta Interventora, es una práctica que se realiza en esta institución. Documentaron los casos de Norman Acosta Araya, esposo de Wendy Araya (encargada de recursos humanos): 4 contrataciones por ¢12 millones por servicios de tecnologías de información; Elizabeth Trejos Madrigal, madre de Kattia Murillo (asesora legal): 4 contrataciones por ¢2.8 millones por servicios de confección de uniformes”, apunta el informe.

“También el caso de  Esteban Vargas Brenes, esposo de Marisol Ferreto (contadora) y Ulises Vargas Bustamante (tío de Vargas): 2 contrataciones por ¢8 millones por servicios de limpieza de quebrada cerca del Depósito y el de Freddy Vásquez Vargas, padre de Raybert Vásquez (representante de Golfito): 1 contratación por ¢8.9 millones por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica”

Ante estos hechos,  el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, envió oficios a los entes representantes de la Junta Directiva de JUDESUR  para que dieran explicaciones sobre los cuestionamientos señalados por la Junta de Intervención Parcial, pero solo la Municipalidad de Osa respondió rechazando dar explicaciones; el resto no dio respuesta,  asegura el informe.

La Junta ha recomendado iniciar la revocatoria de nombramiento de los siguientes representantes municipales: Enoc Rugama (Osa); Rafael Ángel Navarro (Coto Brus); Odiligia Leiva (Buenos Aires); Rayberth Vásquez (Golfito) y Oscar Alvarado (de las cooperativas). Todos miembros de la Junta Directiva.

Según afirma la Junta, la solicitud se  basa en que estos representantes deben  aclarar situaciones como deudas pendiente, incompatibilidades e incumplimientos de deberes.