Molina, quien representó a varias parejas en el juicio planteado ante la CIDH contra el Estado costarricense, dijo que había presentado la demanda ante la Sala Tercera (penal) de la Corte Suprema de Justicia.

Esta tendrá que decidir si pide a los diputados que se levanten la inmunidad a sí mismos, para enfrentar una causa penal como lo pretende el abogado.

Hace ya casi un año, el 21 de diciembre pasado, la CIDH emitió una sentencia que condenó al Estado costarricense por prohibir la fecundación in vitro, con lo cual quedó anulada una sentencia del año 2000 de la Sala IV, que proscribió esa práctica en el país.

La CIHD también ordenó al Estado costarricense promover una ley que regule la aplicación de esa técnica en el país y preparar a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en un plazo perentorio para que esté en condiciones técnicas de realizar el procedimiento a las parejas que lo requieran.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa no ha podido avanzar en la aprobación del proyecto debido a las presiones que ejercen la iglesia católica y otras denominaciones religiosas a través de sus representantes en el Congreso.

Molina lamentó que los legisladores estén a punto de irse a un largo receso sin haber aprobado el proyecto.

El tema se encuentra incluido en la agenda que el gobierno elaboró para el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa que inició este 1 de diciembre y que concluirá el próximo 30 de abril, periodo en el cual el gobierno tiene la iniciativa en la formulación de leyes.