El presidente Alvarado firmó la ley este lunes en Casa Presidencial (Foto cortesía Presidencia).

“Esta es una deuda que tenía el país por mucho tiempo”, dijo el mandatario, quien aseguró que se trata de “una regulación equilibrada y balanceada que permite a los trabajadores manifestarse en libertad sin afectar el derecho del resto de los ciudadanos”.

La ley fue suscrita también por la ministra de Trabajo y  Seguridad Social, Geannina Dinarte, en un acto en Casa Presidencial, al que acudieron diputados de diferentes partidos políticos, incluido el presidente de la Asamblea Legislativa y proponente de la normativa, Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El legislador dijo que Costa Rica transito mucho tiempo “en un ambiente de incertidumbre y caos en materia de huelgas”.

“Más que consagrarse un derecho, se generó una enorme impunidad para un grupo que abusaba de la mayoría, pisoteando sus derechos a la salud y la educación, entre otros. Esta nueva ley establece un equilibrio, un nuevo balance, para que la huelga siga siendo un derecho, pero sin permitir que unos pocos abusen de la mayoría”, agregó Benavides.

El proyecto de Ley declara ilegal las huelgas en servicios públicos esenciales cuya suspensión pueda lesionar derechos como la vida, la salud y la seguridad pública.

Otro de los cambios esenciales a la legislación es que suspende el pago de salarios a los trabajadores que participen en movimientos huelguísticos hasta que un juez declare la legalidad o ilegalidad de los reclamos.

Según los impulsores de la iniciativa, esto hará menos probable que se den huelgas prolongadas como las de 2018, cuando los sindicatos magisteriales paralizaron actividades durante tres meses y prácticamente hicieron abortar el curso lectivo de ese año.

Los sindicatos han prometido plantear acciones legales contra la procedencia de esta legislación, así como "mantener la lucha en las calles".  La semana pasada, las organizaciones laborales del sector público realizaron una manifestación frente a la Asamblea Legislativa para mostrar su rechazo a la ley.