Autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y el estudiante bribri Jorge Morales (Foto:A.ChacónMora)

La incertidumbre y el temor de que se produzcan más asesinatos o ataques en Salitre y Térraba es real, los agresores han actuado con total impunidad por mucho tiempo y el homicidio de Rojas sin una acción institucional contundente, estaría enviando a los asesinos, los agresores y maltratadores un mensaje terrible que podría conducir a situaciones de violencia insospechadas, advirtieron las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

El asesinato a sangre fría del líder espiritual bribri Sergio Rojas exige una respuesta inmediata a los pueblos indígenas, el gobierno tiene la obligación de garantizar todos sus derechos, la solución al problema territorial, la protección de su seguridad e integridad y el acompañamiento que requieren, afirmaron los académicos.

De otro modo, quedarían en una situación de indefensión que al mismo tiempo les confirmaría lo que afirman: que ellos no le importan al gobierno ni a nadie en este país, señalaron los universitarios.

“Estos son tiempos de profundo dolor y luto para la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad. Nuestra facultad repudia el cobarde homicidio del líder indígena Sergio Rojas ocurrido el lunes anterior en la comunidad de Salitre” expresó el decano Manuel Martínez en una conferencia de prensa.

Para los académicos el problema territorial es el que enfrenta a los pueblos originarios con “los usurpadores de mala fe” que reclaman derechos que es claro que no tienen, afirmó la antropóloga Denia Román.

Los territorios indígenas son de los indígenas y no es posible segregarlos ni heredarlos a personas individuales porque son territorios comunitarios inalienables, indivisibles y mucho menos a personas no indígenas, dijo la antropóloga investigadora a cargo de varios proyectos de la UCR en las comunidades indígenas ubicadas en Buenos Aires de Puntarenas, donde se encuentran Salitre y Térraba, los territorios más atacados, afirmó.

Es una obligación ineludible del Estado costarricense y del actual gobierno, resolver con la mayor celeridad la situación territorial y garantizar la protección de los pueblos originarios en los 24 territorios del país.

El director de la Escuela de Sociología, Allen Cordero, puso el énfasis en el proceso de recuperación de tierras que llevan a cabo los pueblos indígenas, “este es el tema central del conflicto. Debe quedar claro que los territorios son de los indígenas, que la recuperación de tierras es legítima, que el Estado tiene que brindar protección a las personas que están recuperando tierras que están muy degradadas por la ganadería y las piñeras”.

“Las personas que están en situaciones ilegales son los no indígenas, que además sostienen que son propietarios legales porque pagaron migajas a familias agobiadas por la pobreza y las necesidades, sabiendo que en los territorios indígenas no se puede comprar propiedades. En estos momentos, las personas que reclaman ya no son los “compradores” sino los que reclaman haber heredado. Ellos son los que están en situaciones ilegales” aseguró.

“Las 14 mil hectáreas del Territorio de Salitre tienen que ser devueltas, reintegradas al territorio. De igual manera, en Térraba todas las tierras usurpadas tienen que devolvérselas a los indígenas. Esto es así de claro y el Estado tiene que iniciar y garantizar el proceso de recuperación porque la recuperación es legítima”, explicó Cordero.

Qué hacer

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales proponen varias acciones. Que el gobierno dé prioridad a los pueblos indígenas en las políticas públicas. Que se comprenda y se asuma que los pueblos indígenas son parte de la realidad nacional presente, que no son parte de la historia sino de nuestra vida cotidiana actual.

Que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) entienda la complejidad del plan de recuperación que va más allá de ser un asunto topográfico. Debe haber una negociación con los campesinos que se declaran propietarios y llegar a acuerdos razonables para que desocupen las tierras usurpadas.

Un plan permanente de prevención de la violencia, un monitoreo preventivo de situaciones de peligro inminente para los pueblos indígenas. La estrategia de prevención de la violencia tiene que asignarse a una institución responsable.

Buscar alternativas que incluyan el diálogo social en los procesos de recuperación porque la vía judicial demostró no ser el camino. Por ejemplo, en Salitre se siguió un proceso judicial tortuoso de muchos años. Un tribunal determinó que los territorios son legítimamente indígenas pero no se cumplió la sentencia, no se aplicó el desalojo judicial, ni la ley de los pueblos indígenas.

Sobre la identidad indígena, tanto en Salitre como en Térraba hay personas no indígenas que reclaman ser indígenas. Las autoridades tienen que definir los rasgos identitarios en cada caso, las características etnológicas y recurrir a conceptos establecidos por mecanismos internacionales como son la auto adscripción y el reconocimiento por la comunidad a la que se auto adscribe una persona.