“A raíz del comunicado de prensa publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de Costa Rica reitera su enérgica condena, y repudia los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jerhy Rivera, así como los hechos de violencia que se han presentado en los territorios indígenas de Salitre y Térraba” dice la respuesta del gobierno del presidente Carlos Alvarado.

“El Gobierno de Costa Rica reitera que, dadas las situaciones de violencia por las recuperaciones de hecho vividas semanas atrás y en cumplimiento de la medida cautelar MC-321-12, que estableció la Comisión Interamericana mediante la resolución 16/15 del 30 de abril de 2015, se han intensificado las acciones de protección y seguridad en resguardo de la vida e integridad de las personas beneficiarias de la medida cautelar”.

El gobierno reiteró su llamado a “las diferentes partes involucradas para deponer los actos de violencia, continuar con un proceso constructivo de diálogo, y reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, para lo cual es necesario que se desista de las recuperaciones por vías de hecho, ya que esto aumenta la conflictividad en la zona”.

Agregó que “Costa Rica, como uno de los mayores defensores del Sistema Interamericano, reitera su compromiso con las acciones necesarias de concertación y de coordinación junto con los beneficiarios de la medida cautelar, para atender el factor de mayor preocupación de los pobladores indígenas y que se reconoce como la causa subyacente al conflicto: el saneamiento territorial.”

Pero la CIDH hizo un enfático recordatorio sobre los crímenes de los líderes Sergio Rojas (18 de marzo, 2019), bribri de Salitre y Jerhy Rivera de Térraba (24 de febrero,2020), los que deben ser investigados "de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y se debe sancionar a los responsables intelectuales y materiales”.

Sobre la Medida Cautelar 321-12 de abril de 2015 que ordenó la CIDH a favor del Territorio Indígena de Térraba y el Territorio Indígena de Salitre reiteró que "el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri”.

La CIDH fue explícita al señalar que ha recibido información abundante de “las amenazas de muerte e incitación a la violencia en contra de los defensores de derechos humanos Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffrey López Castro, ambos integrantes de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, en la provincia de Puntarenas. Estas amenazas también se habrían manifestado en contra de familiares de los miembros de Ditsö”.

En respuesta, el gobierno de Costa Rica aseguró que “sigue comprometido con evitar más hechos de violencia y en avanzar con las acciones integrales que aseguren el compromiso con los territorios indígenas y garanticen un clima de paz en los territorios, como el Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI).

Costa Rica solicitó una reunión de trabajo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “con el fin de abordar in situ, algunos aspectos relacionados con el proceso de implementación y de seguimiento de las medidas cautelares”.