El impuesto único de 300 dólares que deberán pagar las personas jurídicas, estuvo vigente en el país por dos años, pero en 2012 la Sala Constitucional lo anuló a raíz de un recurso interpuesto en contra de la ley que lo creó, por lo que el gobierno presentó a la Asamblea legislativa un proyecto que trata de subsanar los errores en la tramitación de la normativa anterior.

Una vez dictaminado en comisión, el proyecto pasará al plenario legislativo para que se le den los debates correspondientes.

“Dada la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley que estuvo vigente hasta este año se deja de recibir una importante suma de dinero para Seguridad y por esto resulta necesario este esfuerzo para mantener estos recursos, que se traducen en una mejor seguridad para la ciudadanía”, señaló el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

Según explicó la Presidencia, el 90% de la recaudación del impuesto a las personas jurídicas se invierten en varios programas del ministerio de Seguridad dirigidos a combatir la delincuencia común y el crimen organizado.

Un 5% de los recursos se trasladan a la Dirección General de Adaptación Social para financiar costos de funcionamiento del sistema penitenciario y el 5% restante es para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).