Los fiscales decomisaron “al menos 22.000 folios de prueba documental”, relacionada con 26 proyectos urbanísticos construidos al parecer de manera irregular, entre otros asuntos manejados por el municipio.

“Toda la prueba será analizada por peritos del Organismo de Investigación Judicial” para determinar la posible responsabilidad de los funcionarios investigados en los delitos de prevaricato, fraude de ley, legislación en provecho propio, negociaciones incompatibles, desobediencia a la autoridad e infracción a la Ley Forestal en la modalidad de invasión de áreas de protección, señaló la fiscalía.

El Ministerio Público tramita cuatro denuncias contra el alcalde municipal y a otros funcionarios de la Municipalidad de Poas en relación con la aprobación de apertura de calles, permisos de segregación y construcción de 26 proyectos urbanísticos en el cantón, que se contraponen a un fallo de la Sala Constitucional del año pasado.

En dicho fallo, la Sala IV ordenó a la Municipalidad de Poás elaborar y aprobar, en un plazo de 24 meses, un reglamento de zonificación de las áreas protegidas o reservadas que incluyera localizaciones cartográficas, mapas hidrogeológicos y alineamientos de protección y vulnerabilidad de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga de éstos existentes en el cantón de Poás.

En virtud de de esa orden, la Municipalidad ha enfrentado una serie de limitaciones para otorgar permisos constructivos en el cantón, ya que en su territorio tiene mantos acuíferos que la Sala Constitucional ordenó proteger.

De acuerdo con información de la Fiscalía, cuatro familias afectadas denunciaron que compraron lotes en un desarrollo urbanístico a la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad, integrada por algunos de los funcionarios investigados.

A pesar de tener intereses en ese desarrollo urbanístico, algunos de esos empleados habrán particiado en la aprobación de permisos y recomendaciones al Concejo Municipal para que lo aceptara.

En ese mismo proyecto, denominado la Lechuza, el MINAE señaló que existe afectación ambiental, por encontrarse de manera parcial dentro del radio de protección de una naciente de carácter permanente.

Otro aspecto de la investigación tiene que ver con la apertura de calles públicas para la construcción de los 26 proyectos, sin contar con el aval del INVU, requisito exigido por el artículo 10 de la Ley de Planificación Urbana.