El anuncio de Cristina Fernández de presentarse como precandidata a Vicepresidenta, obligó a un reacomodo de todas las fuerzas políticas en Argentina.

Javier Iguacel, frustrado candidato en 2015 a intendente de Capitán Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, fue designado titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) el 12 de enero de 2015. Furibundo anti-K, firmó al día siguiente, 13 de enero, su resolución número 1. Se ordenó una auditoría de las obras viales, no de los 24 distritos del país, sino de uno solo: Santa Cruz. De entrada nomás quiso ir contra el kirchnerismo. Por supuesto que no falto el Marcelo D’Alessio style: argumentaron que hubo una denuncia anónima.

A los dos ingenieros y al contador que actuaron como auditores se les dieron 15 días hábiles para investigar las 81 obras que se hicieron en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los tres profesionales dijeron que era imposible analizar bien 81 obras en ese tiempo, porque eso requería una inspección ocular y el análisis de todos los datos. Eran muchas obras y a considerable distancia unas de otras.

El 26 de marzo de 2016 presentaron el informe con la siguiente conclusión: “no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…”. Es decir, no se pagó nada que no haya sido construido.

Pero, además, los tres ingenieros que hicieron el informe a pedido del gobierno de Cambiemos declararon en la causa como testigos. González Oría fue categórico: “lo que figuraba como pagado estaba hecho”. Romero coincidió: “no hubo ninguna falsa certificación de obra a consecuencia de la cual se haya autorizado indebidamente un pago”. Romero invocó también el trabajo de auditoria: “si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que me fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento”.

Pese a la conclusión, Iguacel presentó la denuncia penal el 26 de abril de 2016. La instrucción quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano.

Taiano pidió una prueba elemental: que se realice una pericia con la participación de todas las partes. Eso motivó que lo sacaran de la causa, aunque usaron otros argumentos para disimular su apartamiento. En su lugar entraron el fiscal Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, éste último de familia íntimamente ligada a la Casa Rosada.

En tres años no se hizo ninguna pericia, como la que se le reclamó en forma permanente al juez Julián Ercolini. Este verdadero fraude es el que explica que la causa tenga tres años y no exista pericia alguna.

Los fiscales realizaron un cálculo delirante para justificar la acusación de que hubo sobreprecios. Dijeron Pollicita y Mahiques que tres tramos de la realización de la Ruta 3 son el ejemplo de los sobreprecios. Sostuvieron que los presupuestos de las empresas de Báez totalizaban 2.800 millones de pesos y en cambio con las nuevas licitaciones, durante el macrismo, las empresas que ganaron con sus ofertas, presupuestaron 1.900 millones. De eso, los fiscales concluyeron que Báez tenía un sobreprecio de 928 millones de pesos, es decir un sobreprecio del 64 por ciento.

Las defensas, en especial la del ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, demostraron que el cálculo fue burdo. Que los fiscales no tuvieron en cuenta que en la nueva licitación no se debía construir la totalidad de los tramos porque ya la empresa de Báez había construido buena parte. Lo que el santacruceño facturó por esas partes ya hechas sumó algo más de 803 millones de pesos y esas obras por supuesto que no entraron en la nueva licitación porque estaban construidas. Es decir que no existía el sobreprecio de 928 millones, sino que la diferencia era 125 millones. Pero las defensas no convalidaron para nada esa diferencia: sostuvieron que fue dibujada por el macrismo mediante actualizaciones y cálculos sin ningún control.

Una acusación insólita del proceso fue que se hicieron demasiadas rutas en Santa Cruz, algo por lo que acusan a CFK. En total, se destinó a esa provincia el 11 por ciento del presupuesto de Vialidad, siendo que Santa Cruz ocupa el 12 por ciento del territorio nacional. Pero lo más serio es que las obras fueron votadas en el Congreso Nacional. O sea que se pretende acusar a la ex mandataria por las leyes de presupuesto aprobadas por diputados y senadores.

Otra acusación del expediente tiene que ver con que distintas empresas de Lázaro Báez ganaron 52 de las 81 obras de Santa Cruz. Periotti, ex titular de Vialidad, demostró que lo mismo ocurrió en todas las provincias. Las que son locales suelen ganar un alto porcentaje de las obras porque allí tienen el personal y las maquinarias. Y, además, a Santa Cruz son pocas empresas que quieren ir: hay que trasladar el personal y la maquinaria 1.800 kilómetros, trabajar en condiciones climáticas muy difíciles y los costos son mucho más altos que en la mayoría de las provincias.

Respecto a la concentración de las obras en pocas empresas, Periotti explicó que durante el kirchnerismo, en Provincia de Buenos Aires se hicieron 455 obras por 26.000 millones de pesos, pero cuatro empresas hicieron obras por 17.000 millones. En Tucumán se hicieron obras por 2.500 millones, pero tres empresas se quedaron con las licitaciones por 1.500 millones. Y así ocurre en todos los distritos.

Una de las objeciones fue el atraso en las obras, aún cuando nunca se pagó nada que no estuviera terminado. Esto es lo que declaró el auditor González Oría, designado por el macrismo: “un atraso en una obra es algo totalmente normal, en cualquier lugar y con cualquier empresa. Hay motivos para una demora en una obra que son justificables, como puede ser un fenómeno climático, problemas con la provisión de materiales, es algo normal y, en Santa Cruz, es algo más normal todavía, por el tema de las distancias, a veces no hay asfalto”. Pero también resultó que los atrasos surgieron porque aparecieron caños de YPF, cables de alta tensión, tierras ocupadas que hubo expropiar. O sea atrasos no adjudicables a las empresas constructoras, la de Báez y las otras.

Este diario publicó un análisis hecho por el Sindicato de Vialidad de una obra vial realizada por el macrismo en la ruta 8. Se presupuestó en 285 millones a fines del gobierno de CFK. En la actualidad el monto a pagar por la obra es de 2.500 millones pesos, un 877 por ciento de aumento, por inflación, pero sobre todo por cambios en el recorrido. La obra tiene dos años de atraso, debió terminarse en junio de 2017. La constructora es la del Grupo Macri, Iecsa.

La orfandad de pruebas fue tan notoria que la Casa Rosada y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tuvieron que recurrir a Leonardo Fariña. Le guionaron lo que tenía que decir y lo tuvieron que entrenar. Los fiscales dijeron en off the record que los dichos de Fariña no fueron decisivos. Lo cierto es que está citado como testigo, o sea que parece que lo necesitan, aunque en la causa de Dolores se desnudó toda la maniobra.

A las apuradas, el Tribunal Oral Federal mandó a peritar cinco de las 52 obras cuestionadas. O sea que acusan por 52 y no se determina si hay delito en las 52, sólo en cinco. La semana pasada, viendo el naufragio del juicio, los magistrados le ordenaron a los peritos terminar el trabajo el 10 de junio. Los profesionales sostienen que es imposible culminar antes de julio o agosto. El escándalo alrededor de la resolución de la Corte Suprema y luego la marcha atrás motivó una feroz ofensiva sobre los peritos, que venían trabajando con tranquilidad. Ahora hay furia por los tiempos y por los contenidos del estudio. 

Cada paso que se dio en estos tres años se motivó en la política de persecución, no en la búsqueda de lo que pasó con las obras. Desde la denuncia de Iguacel en adelante se manipuló el expediente con el único objetivo de condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Hubo tanta manipulación que ni siquiera se ocuparon de buscar en serio alguna prueba.