La Defensora de los Habitantes Catalina Crespo afirmó que la educación para la paz tiene que ser una prioridad del Estado costarricense.

La Defensora, Catalina Crespo Sancho, destacó en primer lugar el clamor de “los y las habitantes que cada vez más, exigen al Estado acciones concretas para atender el fenómeno de la violencia e inseguridad en los espacios públicos, pues la construcción y el fortalecimiento de sociedades pacíficas constituyen un componente vital de cara al ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia democrática”.

Crespo Sancho, presentó este jueves (20.06.19) el Informe Anual de Labores de la Defensoría de los Habitantes que recoge las denuncias de la ciudadanía de múltiples y diversas situaciones que le afectan en su diario vivir, del que ofrecemos un resumen.

Afirmó la Defensora que las formas más intensas de violencia que la población visibiliza a través de los estudios que se realizan a lo largo de un año y en comunidades de todo el país, son la violencia contra las mujeres, las personas adultas mayores, la niñez y adolescencia, la población indígenas, que se expresa en el acoso callejero y el bullyng en los centros educativos, por ejemplo. “De ahí que se vuelva una necesidad la construcción de una cultura de paz en la cual la mediación en la resolución de los conflictos sea una constante en la acción pública”, urgió.

“Para avanzar hacia una sociedad más justa, donde la igualdad de oportunidades y la eliminación de la violencia en todas sus formas sea un compromiso nacional, la educación en derechos humanos y la educación para la paz deberían ocupar un lugar de prioridad pues sin duda alguna éste es el camino para dar cumplimiento a los compromisos del Estado en el campo de los Derechos Humanos”, puntualizó la Defensora de los Habitantes.  

Este compromiso, agregó, “nos convoca a eliminar el estigma, la discriminación, la violencia, el abandono y la indiferencia que enfrentan distintos sectores de la población costarricense”.

Presentamos un resumen del Informe Anual de Labores de la Defensoría de los Habitantes que fue presentado este jueves por Crespo Sancho.  

La violencia contra la niñez

Uno de los sectores más afectados con el fenómeno de la violencia es la niñez a través de formas como la negligencia que puede conllevar desde el ausentismo escolar hasta lesiones intra domiciliarias, quemaduras, intoxicación, traumas, consultas tardías y no adherencia a tratamientos, no aplicación de vacunas y el abandono.

La situación de agresión es tal que en 2017 el PANI reportó 53.359 personas menores de edad víctimas de alguna forma de violencia y a setiembre de 2018, el Hospital Nacional de Niños registraba la atención de 5 niños/as por día por la sospecha de violencia infantil.

Sobre el abuso sexual, los datos del Poder Judicial indican que este tipo de situaciones ha crecido entre el 2004 y el 2017 en un 74%, alcanzando la cantidad de 8.818 quejas, siendo que el 70% figuran con víctimas personas menores de edad.

Sumado a esta lamentable realidad, hay un reclamo ciudadano para que existan espacios públicos seguros para las personas menores de edad y en este sentido, se vuelve una necesidad la inversión en construcción y mantenimiento de parques públicos para garantizar el derecho al juego y al deporte de esta población.

Otro aspecto fundamental de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes se refiere al estado de la infraestructura educativa de muchos centros que representan un riesgo para la seguridad de la comunidad estudiantil ante el deterioro de los inmuebles.

Violencia racista

La población indígena es víctima de violencia racial que genera gran preocupación, esta violencia contra las personas indígenas y sus comunidades no puede separarse de la defensa y protección de sus tierras, territorios y recursos ancestrales.

Los hechos más críticos se registran en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, donde la Defensoría ha insistido en la importancia y urgencia de que el Estado realice un abordaje integral y multisectorial, respetuoso de las diferencias y su cosmovisión, pero preciso y contundente en las acciones.

“Desde el 2012 en cada uno de los conflictos conocidos por esta Defensoría, el común denominador ha sido la ausencia de una estrategia de atención estatal que reconozca la urgente necesidad de actuar para evitar una mayor escalada de violencia”.

Para la Defensora no ha habido una iniciativa estatal eficaz encaminada a conseguir la paz social en Buenos Aires, a atender las situaciones de pobreza, falta de oportunidades y exclusión que vive la población de ese cantón.

“No han existido acciones preventivas ni mecanismos de resolución de conflictos efectivos, ni interlocutor gubernamental con liderazgo, capaz de generar un diálogo asertivo y consistente con los diferentes actores, que asegure las condiciones y elementos necesarios para construir soluciones”, señaló la Defensora.

El brutal asesinato a sangre fría del líder indígena Sergio Rojas, ocurrido el 18 de marzo en su hogar, ubicado en la comunidad de Yery del Territorio de Salitre, es la mayor expresión de la violencia de grupos no indígenas contra los pueblos originarios.

Los adultos mayores también sufren violencia

Contra la población adulta mayor la violencia se asienta en prejuicios y estereotipos negativos propios de la desvalorización de la edad de la vejez, pese al avance en el reconocimiento de los derechos humanos de este grupo poblacional, indica el Informe. La violencia se traduce en malos tratos no solo en el ámbito familiar y comunal sino también en lo institucional, público y privado.

Por lo que la Defensoría “recomendó” la revisión de la dimensión del derecho al cuido ante situaciones como el abandono hospitalario y reorientar la protección social como un eje fundamental en las políticas de igualdad e inclusión.

La dimensión de la violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres tiene una serie de manifestaciones que se interrelacionan como la violencia intrafamiliar, en los espacios públicos, la sexual, la obstétrica y otras. “Se dirige contra las mujeres por el hecho de ser mujeres sin importar la clase social, etnia o edad, y nace y se recrea en una cultura machista, de desigualdad, de relaciones de poder y discriminación” señala el Informe de la Defensoría.

Los datos sobre femicidio en Costa Rica muestran que en el año 2013 se presentaron 18 homicidios y en el 2018 el total fue de 24. Aquí considera la Defensoría que el sistema judicial debe generar estrategias, dar apoyo que favorezca el acompañamiento legal, destinar más recursos a las mujeres agredidas y organizar planes comunales donde se involucre a los y las habitantes, entre otras recomendaciones.

En cuanto al hostigamiento sexual, los resultados de los procesos evidencian que en 2017, del total de 139 expedientes resueltos, 71 de ellos fueron sancionados con suspensión laboral, amonestación escrita y despido.

Y se resalta que del 100% de los casos cerrados solo el 23% resultaron en el despido del agresor sin responsabilidad patronal.

Riesgos por mala infraestructura

También existen otros hechos que ponen en riesgo la seguridad de las personas por la falta de entornos accesibles como lo evidencian las denuncias por mal estado de caminos, aceras, alcantarillado e iluminación a nivel cantonal. A esto se suma la preocupación de las personas por temas relacionados con accesibilidad en el transporte público, invasión de zonas públicas, desarrollo de actividades contaminantes en sitios no aptos, la construcción o afectación sobre mantos acuíferos y otros temas relacionados con el ordenamiento del territorio.

Uno de los conflictos que más ha proliferado en los últimos años se refiere al acceso al agua potable en calidad y cantidad adecuada a nivel nacional, pese al indiscutible reconocimiento del derecho al agua como un derecho fundamental. De ahí que el Estado debe conformar su ordenamiento positivo al servicio de las garantías y tutela administrativa y judicial del derecho a su uso responsable.

El Informe de la Defensoría de los Habitantes también abordó las acciones que se han desplegado, y las que están pendientes, del Estado hacia otras poblaciones vulnerabilizadas por distintas situaciones que las afectan.