Las diputadas de Acción Ciudadana (PAC) en una misiva dirigida a la Fiscala General, Emilia Navas y a Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), piden investigar “al más alto nivel para determinar si hubo omisiones y errores en el manejo de este caso y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, la actuación de las autoridades judiciales en el caso de desaparición y femicidio de Luany Valeria Salazar Zamora.

Asimismo hicieron “un enfático llamado” a revisar los protocolos de atención de casos de mujeres desaparecidas y que “se tomen las acciones para corregir y eliminar cualquier portillo que pueda facilitar la indefensión de la persona desaparecida o la impunidad de quien comete el delito”.

De acuerdo con declaraciones de familiares, Luany Salazar Zamora fue encontrada muerta tras seis días de estar desaparecida, y la encontró su familia. Después de la dolorosa experiencia han denunciado una serie de irregularidades del sistema de investigación judicial en la atención de este caso.

Las diputadas del PAC, pidieron investigar las irregularidades presentadas por la familia en cuanto a la atención de la denuncia de la desaparición, porqué el OIJ no estableció comunicación con la familia, 6 días después de puesta la denuncia no se había asignado el caso a ningún agente del OIJ, además, debieron indicar a la familia “que si había testigos tenían que ser llevados por la familia a brindar testimonio en lugar de apersonarse a tomarlo in situ y no haber indagado en tiempo al sospechoso indicado por la familia, entre otros.

Todos estos, afirman las diputadas del PAC, “son señalamiento de la mayor gravedad que hace la familia de Luany Valeria”.

La misiva remitida a la Fiscala General y al director del OIJ, la firman las diputadas Catalina Montero, subjefa de fracción, Laura Guido Pérez, Paola Vega, Nielsen Pérez y Carolina Hidalgo.  

El Consejo de Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU); también pidieron al Poder Judicial que investigue “si se actuó con diligencia y que, de no ser así, se tomen las medidas disciplinarias correspondientes”, a lo que agregan que urge revisar “los protocolos con los que se atienden los expedientes judiciales en los que figura como víctima una mujer”.

“La muerte de la joven Luany Salazar no puede ser una estadística más: la rabia, el dolor y la impotencia deben alimentar también la convicción más absoluta de que esto no puede repetirse” señalan.

Para el Consejo de Mujeres y el INAMU la construcción de una sociedad más justa y equitativa pasa “por reconocer que las mujeres necesitamos tener seguridad para el disfrute pleno de nuestros derechos y que esa responsabilidad, en definitiva, no puede ser evadida por ninguno de los brazos del Estado costarricense”.

El Consejo de Mujeres -creado por la Presidencia de la República con el objetivo de generar acciones para contribuir con la gobernabilidad democrática- advierte que uno de los principales desafíos del país es la lucha contra la violencia de género.

“Costa Rica no podrá encontrar soluciones efectivas para mitigar los efectos económicos y sociales existentes desde antes de la pandemia de COVID-19, si el 50% de su población vive con temor a perder su vida, solo por su condición de género”.

El país debe garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin miedo y que la institucionalidad garantice una respuesta apagada a la verdad, que es una condición para que la justicia pueda ser pronta y cumplida.