Deniz Igan y Prachi Mishra, economistas del Departamento de Estudios del FMI, constatan en el último número de la publicación mensual “Finanzas & Desarrollo”, que los gastos en lobby de la banca de EE.UU. “están directamente relacionados con el voto de los legisladores sobre proyectos de ley críticos durante los años previos a la crisis”.

Las economistas resaltan a la vez que “los proyectos de ley con regulaciones que la industria consideraba desfavorables tenían muchas menos probabilidades de ser aprobados que los que proponían la desregulación financiera”.

Igan y Mishra exponen en su artículo los resultados de un estudio elaborado a partir del seguimiento de la actuación de 787 integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y de 500 lobbistas registrados.

“Los agentes privados pueden alterar el curso de la acción del gobierno y manipular a los legisladores para obtener utilidades injustificadas y adaptar el panorama de la regulación financiera a sus necesidades”, advierten.

Concretamente, dicen las economistas del Fondo Monetario, “en 2000-06 un proyecto de ley menos favorable para la industria financiera tenía tres veces menos probabilidades de convertirse en ley que uno que promoviera la desregulación”.

En ese período, inclusive, “entraron en vigencia dos leyes críticas que promovieron la laxitud de las normas de concesión de crédito hipotecario”.

"Existe una relación clara entre el dinero que gastaron en campañas de presión las empresas financieras afectadas y el voto de los legisladores antes de la crisis. Cuanto más intensa fue la presión, mayor el número de legisladores que votaron a favor de la desregulación", dicen Igan y Mishra.

Recuerdan en este sentido informaciones de fines de 2007, “cuando los mercados se enfrentaban al inicio de lo que terminaría convirtiéndose en la peor crisis financiera de la posguerra y la economía estadounidense caía en una grave recesión”.

El diario "The Wall Street Journal" anunciaba por ese entonces que “dos de los prestamistas hipotecarios más grandes de Estados Unidos habían gastado millones de dólares en donaciones políticas, contribuciones a campañas electorales y actividades de presión entre 2002 y 2006”.

Ameriquest Mortgage y Countrywide Financial lucharon contra proyectos de ley que intentaban poner fin a la depredación hipotecaria en Georgia y Nueva Jersey, y contra leyes parecidas en otros estados y a nivel federal, según el periódico.

La banca "hizo fracasar medidas que podrían haber posibilitado una respuesta regulatoria oportuna a algunas de las operaciones crediticias irresponsables y al consiguiente aumento de moras y embargos hipotecarios", agrega el artículo.

Igan y Mishra recuerdan que esos deterioros financieros "contribuyeron decisivamente al estallido de la crisis", según la mayoría de los analistas.

Las economistas citan luego al Center for Public Integrity, entidad sin fines de lucro con sede en Washington, que en 2009 mostró un vínculo entre los originadores de hipotecas de baja calidad, hoy en su mayoría quebrados, y las campañas de presión contra una regulación mas estricta del mercado hipotecario.

“Los bancos continuaron presionando encarnizadamente contra el endurecimiento de la regulación y de la reforma regulatoria financiera, aún cuando la industria se encontraba en aprietos financieros y estaba rodeada de publicidad negativa, debido a su papel en la crisis económica”, concluyen las expertas del FMI.