Dos meses antes de las elecciones generales la Cicig, que dirige el abogado colombiano Iván Velásquez, dio a conocer un estudio que pone en evidencia la relación entre "el dinero y la política" en este país centroamericano y pidió promover reformas en un sistema que urge de "un profundo cambio".
Velásquez señaló en la presentación que la inyección de dinero en los partidos, que se realice desde el ámbito público o desde el privado tiene como fin buscar el enriquecimiento propio, una materia "poco regulada" y "opaca" en Guatemala.
"Está el crimen organizado directamente vinculado. Son estructuras dedicadas al narcotráfico que han penetrado la política y la institucionalidad pública a través del financiamiento de campañas electorales", dijo Velásquez.
El letrado colombiano hizo referencia a tres casos conocidos. El primero el de Gustavo Alejos, quien durante el gobierno de Álvaro Colom (2007-2011), de la formación Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ejerció como "recaudador" de las redes de financiación.
Según Velásquez, Alejos benefició a las empresas con contrataciones públicas y también a su padre y hermano para posicionarlos como diputados departamentales.
También habló de Gloria Torres, una de las fundadoras de la UNE, quien ya fue investigada y acusada de lavado de dinero por la construcción de una red de entidades que recibía fondos ilícitos de estructuras locales.
Por último hizo referencia a Obdulio Solórzano Montepeque, financista y diputado de la UNE, quien, según dijo el jefe de la Cicig, desde el cargo de presidente del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), favoreció "con contratos de obra pública y posiciones administrativas" a la estructura del narcotraficante Otoniel Turcios, extraditado a Estados Unidos en 2010.
Velásquez ve un riesgo para el orden social del país que las personas que concentran el poder económico posean también el político.
Esta particularidad, indicó, provoca que la política se organice en torno "a personas y no a proyectos" y favorece el transfuguismo político, además de que convierte a Guatemala en un país "propicio" para cometer delitos electorales "sin ninguna consecuencia".
A su juicio, el país carece de "una cultura de denuncia" de delitos electorales, lo que provoca que existan "muy, muy altos niveles de impunidad".
Según datos del Ministerio Público y el Organismo Judicial citados por Velásquez, en los últimos dos procesos electorales, de 2007 y 2011, solo se presentaron 326 denuncias electorales, lo que, a su juicio, revela que existe al menos un 95 % de "impunidad electoral".
Otro de los factores claves en Guatemala son las campañas electorales, que concentran gastos "excesivos y desproporcionados".
Durante la campaña para las elecciones generales de 2011, tres partidos guatemaltecos, el Partido Patriota (PP), ahora en el poder, Libertad Democrática Renovada (Líder) y la coalición UNE-GANA, superaron el techo de gasto.
De acuerdo a la ley guatemalteca, los partidos pueden gastar hasta 50 millones de quetzales (6,53 millones de dólares) durante los cuatro meses que dura formalmente la campaña proselitista.
No obstante, Velásquez aseguró que la normativa actual para vigilar este extremo es muy débil, ya que se basa en los informes que los propios partidos presentan, por lo que abogó para que se reduzca tanto el período de la campaña proselitista como la cantidad de dinero que se puede gastar.
Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las elecciones generales de 2011, más de 300 millones de quetzales (39,21 millones de dólares) no fueron reportados a este organismo como gastos de campaña.
Esta práctica "sistemática y recurrente" de financiación irregular provoca un aumento del empobrecimiento de la población y una unificación de la corrupción a través de una amalgama de intereses compartidos que muchas veces encuentran en los medios de comunicación el vehículo para sus propagandas, dijo.
Ante esta situación, la Cicig manifiesta que el tema de la financiación debe ser el "asunto central" de cualquier democracia e insta a Guatemala a reducir el gasto en las campañas electorales, que son "excesivos y desproporcionados"
"El financiamiento privado debe reducirse a una mínima expresión, que no supere el 20 % del total", sentenció Velásquez.
La Cicig es un ente de la ONU creado en 2007 con el fin de desarticular estructuras clandestinas en el Estado guatemalteco.
Alrededor de 7,5 millones de guatemaltecos están llamados a votar el 6 de septiembre para elegir al presidente y vicepresidente para el período 2016-2020, además de 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 338 corporaciones municipales.
Portavoz presidencial desliga a Pérez Molina de los excesos electorales de 2011
Guatemala, 16 jul (EFE).- El portavoz Presidencial, Jorge Ortega, desligó hoy al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de tener alguna responsabilidad en que el Partido Patriota (PP), ahora gobernante, sobrepasara el techo de gasto electoral durante la campaña electoral de 2011.
Ortega indicó, en declaraciones a Efe, que el presidente está "desligado" del partido desde que asumió la primera magistratura del país y que sus acciones "no van en función" del PP.
Por ello, agregó, es la formación política la que debe "dilucidar esta situación", explicar sus formas de financiación y enfrentar algún tipo de acusación si esta se produce.
Según un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el PP, junto al partido Libertad Democrática Renovada (Líder) y la coalición UNE-GANA, excedieron el techo de gasto permitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la campaña de los pasados comicios, que llevó a Pérez Molina al poder.
De acuerdo a la ley guatemalteca, los partidos pueden gastar hasta 50 millones de quetzales (6,53 millones de dólares) durante los cuatro meses que dura formalmente la campaña proselitista de cara a los comicios generales.
Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las elecciones generales de 2011, más de 300 millones de quetzales (39,21 millones de dólares) no fueron reportados a este organismo como gastos de campaña.
Sobre el documento académico presentado este jueves en un hotel de la capital por el comisionado Iván Velásquez, Ortega dijo que se están "leyendo y analizando" las 120 páginas del escrito, que profundiza en varias campañas y en varios partidos políticos.
En este sentido, el portavoz indicó que lo importante del escrito es la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para evitar, en el futuro, este tipo de situaciones.
El informe dice que la financiación de los partidos está sujeta a los actos de corrupción y al crimen organizado, entre ellos el narcotráfico, y recomienda establecer un límite de la financiación, que cuando provenga del ámbito privado debe reducirse a una "mínima expresión que no supere el 20 por ciento del total", explicó este jueves Velásquez.
EE.UU. dice que el informe de la Cicig revela que la "clase política" se burla de Guatemala
Guatemala, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos dijo hoy que un informe de un organismo de la ONU sobre la financiación de los partidos en Guatemala "deja claro que la clase política ha estado burlándose de la población" del país.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), establecida en el país en 2007 por la ONU, presentó este jueves un informe en el que destacó que el país centroamericano es "propicio" para cometer delitos electorales "sin ninguna consecuencia".
"El informe deja claro que la clase política ha estado burlándose de la población guatemalteca", aseguró el Gobierno de Estados Unidos en un comunicado difundido por su embajada en Guatemala.
Guatemala, "como hemos dicho antes, padece de instituciones débiles en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en la auditoría de las mismas. Este informe ilustra lo que ocurre cuando se le da a las instituciones débiles la tarea de controlar a los actores corruptos", añadió el comunicado.
El jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, afirmó al presentar el informe en la capital guatemalteca que el país carece de "una cultura de denuncia" de delitos electorales.
Estados Unidos advirtió además que "los guatemaltecos merecen algo mejor" pues "han sufrido estas condiciones por demasiado tiempo".
"Como el comisionado (Velásquez) indica en sus conclusiones y recomendaciones, los guatemaltecos deben decidir qué hacer al respecto: seguir como hasta ahora o cambiar la dinámica", indicó la embajada estadounidense.
Estados Unidos también hizo un llamado al Congreso de Guatemala para "trabajar inmediatamente en todas las reformas al Estado" que se han discutido "con la sociedad civil en los últimos meses para los aspectos electorales, judiciales, del servicio civil, y de compras y contrataciones".
"Nadie dijo que el cambio sería fácil, ni que se daría de la noche a la mañana. Los intereses que crearon este sistema corrupto trabajarán fuertemente para defenderlo", indicó la nota de prensa.
"Pero eso no vencerá la determinación de los guatemaltecos que han llenado la Plaza de la Constitución semana tras semana", añadió la nación estadounidense.
Guatemala ha registrado media docena de masivas manifestaciones en contra de la corrupción desde el pasado 25 de abril, días después de que la Cicig y el Ministerio Público destaparan dos escándalos de fraude y contrabando que organismo estatales.
