En el último episodio de una historia al menos turbia, que tiene al país en vilo, dos magistradas de la Sala III intentan eludir una sanción impuesta por la Corte Plena a todos los miembros de la Sala, mediante una maniobra judicial de dudosa legalidad.
El juez contencioso administrativo Alcevit Godínez resolvió en horas de la madrugada del miércoles una medida cautelar a favor de la magistrada Dorias Arias, que supuestamente impediría la aplicación inmediata de la sanción, pero la Fiscalía ha abierto una investigación por posible prevaricato contra Godínez, de cuyo despacho secuestró documentos y otras eventuales pruebas.
Godínez, un juez interino que cubría el turno de la noche entre martes y miércoles en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, recibió la petición de la magistrada Doris Arias a las 4 de la mañana del miércoles y tres horas después concedió las medidas cautelares, que supuestamente impedirían aplicar la sanción a la magistrada. En opinión de expertos, la velocidad con que fue atendida esta solicitud es totalmente inusual y sospechosa.
La Fiscalía investiga si en ese procedimiento se cometió un delito de “prevaricato”, que se configura cuando un juez u otra autoridad pública resuelve un asunto de manera arbitraria, es decir, en forma contraria a lo que establece la ley.
El incidente viene a enmarañar aún más la compleja trama que vive el Poder Judicial desde hace varios meses y que inició con una serie de acusaciones contra el entonces magistrado Celso Gamboa, de la Sala III o Penal, quien terminó siendo destituido por la Asamblea Legislativa en abril pasado.
El 12 de julio anterior, la Corte Plena tomó la decisión de sancionar a otros cuatro magistrados de la Sala III, entre ellos el presidente de la Corte Suprema Carlos Chinchilla, por haber desestimado una demanda contra los ex diputados Otto Guevara (Movimiento Libertario) y Víctor Hugo Morales (independiente, ex PAC) por un presunto tráfico de influencias.
La sanción afecta a los magistrados Carlos Chinchilla, Doris Arias, María Elena Gómez y Jesús Jiménez.
La levedad de la sanción inicial, una amonestación escrita, causó indignación en diferentes sectores, sobre todo al considerar que a la fiscal Berenice Smith, quien había recomendado la desestimación a la Sala III en relación con este mismo caso de los ex diputados, la Corte Plena le había impuesto una suspensión de dos meses sin goce de salario.
Ante la reacción pública, los magistrados revisaron la decisión y tomaron el acuerdo de aplicar a sus colegas el mismo castigo que a Smith. Pero con ello no lograron resolver la crisis.
Las magistradas Doris Arias y María Elena Gómez, acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo para tratar de anular lo acordado por sus compañeros de Corte Plena. (A Gómez el juez Godínez también le concedió el jueves las medidas cautelares que aparentemente suspenden la aplicación del castigo).
El ahora expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, decidió escabullirse del embrollo y el lunes pasado comunicó su decisión de acogerse de inmediato a la pensión, que ya tenía aprobada.
Arias dijo que hará lo mismo en noviembre, cuando concluye el periodo de ocho años para el que fue nombrada pero, en tanto, se niega a salir del cargo “por la puerta de atrás”.
La saga parece estar empezando y posiblemente tengamos que presenciar nuevos episodios en los próximos días.
