Dicho monto se había incorporado al presupuesto del Poder Judicial, “haciendo grandes esfuerzos” para atender una solicitud de los mismos magistrados, que argüían no tener los recursos suficientes para abrir los juzgados anti-corrupción, explicó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

“Entendimos la explicación el Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado le impedía cubrir la atención el juzgado anti corrupción Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del gobierno, buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento”, afirmó la ministra.

“Lo que no se nos informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la ley 9635 y, por tanto, mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento  en remuneraciones. Siendo así, no vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que de manera vehemente les hemos instado a realizar por el bien del país”, agregó.

Los magistrados rechazaron la víspera, por votación de mayoría, una solicitud del gobierno en el sentido de modificar el carácter porcentual de los pluses por cifras nominales, medida que se ya se empezó a aplicar a los 127.000 empleados de la administración central.

Aguilar manifestó que, de cumplirse con ese requerimiento, el ministerio de Hacienda consideraría reincorporar a presupuesto judicial los 2.500 millones de colones previstos para la creación de los juzgados anti corrupción.