El CSUCA consideró que “los recursos suficientes son necesarios para cumplir responsablemente con la inmensa tarea de expandir la cobertura educativa a toda la población, ofreciendo una Educación Superior con calidad, pertinencia y transparencia”.

El organismo regional sale en defensa de los presupuestos justos para la educación en general y para la educación superior pública, en momentos en que se registra una tendencia a recortar el financiamiento a la educación pública en la región.

Por ejemplo, este martes (20.11.18) la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto Nacional 2019 que envió el presidente Carlos Alvarado, con un recorte de ¢10.000 millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) una cifra que va a provocar un significativo desbalance en las universidades públicas que han insistido en que, además, el recorte es inconstitucional ya que el FEES está protegido por la Constitución Política.

El CSUCA enfatizó que, las últimas acciones de los gobiernos de algunos países de la región para reducir las asignaciones presupuestarias a la educación en general y para la educación superior en particular, “ponen en riesgo el cumplimiento de los fines fundamentales de las universidades públicas y vulneran la autonomía universitaria y su naturaleza de bien público social.”

Asimismo resaltó la importancia para los países de la región de fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación que garanticen la calidad, transparencia y la condición de servicio público de las instituciones, para que la educación contribuya eficazmente al crecimiento económico, a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación.

La educación superior pública contribuye a la construcción la identidad regional; genera oportunidades para quienes hoy no las tienen y contribuye a la creación del conocimiento, y a la trasformación social y productiva de las sociedades centroamericanas.

En el documento el CSUCA destaca que "la educación superior es un derecho humano que constituye un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz".

Por lo tanto, la naturaleza integradora de las univesidades públicas no pueden ser omitida por los gobernantes ni por los legisladores.