La práctica de pesca de arrastre fue objetada por la Sala Constitucional, en agosto del año pasado, cuando el proyecto fue enviado a consultas y los magistrados acogieron una acción de los ambientalistas contra varios artículos de la ley.

En aquel momento, la Sala IV ordenó al Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca) no otorgar nuevos permisos ni reactivar los antiguos, y dejó en suspenso la aprobación de la ley que este jueves recibió el visto bueno de los legisladores para pasar al Plenario Legislativo.

La pesca de arrastre es resistida por organizaciones ambientalistas por el uso de redes que se desplazan en el fondo marino causando graves daños ambientales y depredan gran cantidad de especies que son capturadas y luego descartadas.

El fallo de la Sala IV establece que solo serán permitidas artes de pesca aprobadas por el organismo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) para obtener la licencia de pesca en el país.

El Jefe de la Fracción socialcristiana, Rodolfo Sotomayor, celebró el dictamen afirmativo de la Comisión Especial de Puntarenas sobre la Ley para el ejercicio sustentable de la pesca semi-industrial camaronera en Costa Rica.

Sotomayor señaló que espera que la ley se apruebe en los próximos días para beneficio de más de 300 familias que viven de la pesca del camarón.

El legislador comentó que la prohibición de las redes de arrastre para la pesca de camarón el año pasado, “dejó en completa indefensión a uno de los grupos sociales más desprotegidos en nuestro país, son más de 300 familias que dependen directa e indirectamente de la industria pesquera”.

Después del fallo, dijo Sotomayor, “era urgente trabajar en una iniciativa de ley para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, sin menoscabo de  los derechos de ellos a trabajar con base en un equilibrio que también les permita llevar sustento a sus hogares”.