Se dará prioridad a la deportación de los inmigrantes indocumentados que tengan antecedentes criminales, así como aquellos que sean considerados como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos o que hayan abusado de su sistema de beneficios.

Todos los extranjeros indocumentados presentes en el país, estimados en 11 millones, pueden ser afectados por la nueva normativa que, sin embargo, mantiene las medidas de protección aprobadas durante el gobierno de Barack Obama para los inmigrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños.

Durante el mandato de Obama se daba prioridad a la expulsión de los inmigrantes indocumentados que hubieran sido condenados por cometer delitos graves.

A partir de ahora, los agentes de inmigración y de aduanas tienen la orden de deportar a cualquiera que haya sido condenado por cualquier delito, incluyendo a gente condenada por cometer fraude en cualquier asunto oficial ante una oficina del gobierno y gente que ha abusado de cualquier programa de entrega de beneficios sociales.

Expulsiones expeditas

Las nuevas directrices implican una expansión de las expulsiones expeditas, que permiten a los agentes de inmigración y aduanas y a la guardia fronteriza deportar a los inmigrantes de forma más rápida y sin necesidad de presentarlos ante un juez de inmigración.

Usualmente estas medidas se aplican a personas que hayan cometido fraude al intentar ingresar en Estados Unidos o que no disponen de una visa o de un permiso de ingreso válido.

Sin embargo, hasta ahora sólo se sometía a las expulsiones expeditas a personas que hubieran entrado a Estados Unidos en los últimos 14 días y que se encuentren en un área de 160 kilómetros de distancia de la frontera. A partir de ahora, podrán afectar a quienes hayan ingresado en el país en los últimos dos años, independientemente de en cuál lugar de Estados Unidos se encuentren.

Claves de las nuevas directrices contra la inmigración ilegal

Permiten la deportación de prácticamente todos los inmigrantes indocumentados, con excepción de quienes están protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) establecido por el gobierno de Barack Obama.

Establecen que quienes sean detenidos al ingresar al país y deban ser presentados ante un juez de migración para decidir sobre su caso, deberán permanecer en un centro de reclusión en lugar de poder esperar al juicio en libertad.

Dan prioridad a la expulsión de los inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por cualquier tipo de delito, no solamente por delitos graves.

Amplían de 14 días a 2 años el período mínimo que debe haber permanecido en Estados Unidos un inmigrante indocumentado para evitar ser sometido a una expulsión expedita, que se ejecuta sin necesidad de ser presentado ante un juez.

Prevén la contratación de unos 10.000 funcionarios adicionales para tareas de control migratorio.

Autorizan el inicio de las tareas relacionadas con la ampliación del muro en la frontera con México.

"Con excepciones extremadamente limitadas, no eximiremos a clases o categorías de extranjeros susceptibles de expulsión de la posible aplicación (de la norma)", dijo el departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

"Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sometidos a procedimientos que pueden llevar hasta su expulsión de Estados Unidos", agregó.

Contrataciones

Según escribió el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en la normativa: "El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias federales y sus recursos y ha creado una vulnerabilidad de seguridad nacional significativa para Estados Unidos".

Para cumplir con estas tareas adicionales, el DHS prevé contratar unos 10.000 funcionarios adicionales.

Las nuevas directrices están incluidas en dos memorandos que fueron divulgados este martes.

En ellos se propone a las autoridades enjuiciar a los padres de ayudan a que sus hijos entren ilegalmente en Estados Unidos.

La normativa pone fin a la política de "capturar y liberar" que hasta ahora permitía dejar en libertad a quienes eran atrapados entrando ilegalmente al país a la espera de ser procesados por un juez de inmigración. A partir de ahora, quienes sean detenidos serán enviados a un centro de detención a la espera de la resolución de su caso.

También permite el inicio de la tareas de planificación de la expansión del muro fronterizo con México prometido por Trump durante su campaña electoral.