El fallo emitido por la Sala IV en relación con un recurso de amparo interpuesto por Extra, establece que el rastreo de llamadas a periodistas del diario viola varios principios constitucionales, como el de "proporcionalidad", el respeto a la intimidad de las personas y el derecho  al secreto de las fuentes periodísticas.

Los magistrados señalaron que el hecho de que el rastreo telefónico se haya llevado a cabo en relación con teléfonos de un tercero, ajeno a la investigación, "violó el principio de proporcionalidad que opera como límite para el rastreo telefónico y con ello, se violó el derecho a la intimidad del tercero".

Además, en tanto "el rastreo se dio a los teléfonos del periodista con la finalidad de determinar la identidad de las personas que sirvieron de fuente para la difusión de una serie de noticias", se violó también "el derecho del secreto de las fuentes periodísticas.

Los hechos trascendieron en enero pasado, cuando Extra denunció que autoridades judiciales habían "espìado" los telefónos de sus periodístas para saber con quienes se comunicaban.

"Nos rastrearon todas las llamadas para determinar con cuáles funcionarios públicos han conversado nuestros comunicadores y así dejar al descubierto y en estado de indefensión al diario Extra", dijo entonces la subdirectora del medio, Paola Hernández.

Según explicaron los jerarcas del OIJ, el rastreo se dio en el contexto de una investigación interna contra una oficial de ese cuerpo policial, quien supuestamente había revelado a periodistas información sensible en un caso de secuestro.

Sin embargo, el periódico dijo tener pruebas de que el rastreo telefónico se ha practicado en contra de decenas de funcionarios públicos que tienen comunicación frecuente con periodistas.

La Sala Constitucional ordenó anular los registros de llamadas producto del rastreo al periodista y previno a las autoridades del OIJ de no volver a incurrir en los hechos denunciados

"La libertad de prensa y libertad de expresión y su derivado de protección del secreto de la fuente tiene una naturaleza especial y preferente, por ser un derecho neurálgico para la vigencia democrática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de forma tal que se requiere una orden judicial para poder ordenar un rastreo telefónico que afecte de un periodista", comentó la magistrada Nancy Hernández.

El magistrado Ernesto Jinesta fue incluso más lejos al estimarque los "rastreos telefónicos", respecto de los periodistas o de quienes se dedican de modo habitual o regular a informar al público, resultan total, absoluta y radicalmente inconstitucionales, en cuanto revelan las fuentes de información del mismo, de modo que no pueden ser siquiera ordenados por un Juez.