El trabajo iniciará el próximo mes con la medición y avalúo de las propiedades en manos de personas no indígenas que se encuentren dentro de esos territorios, en el plazo aproximado de un mes.

“El Inder y el Estado costarricense tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas de aproximadamente 40 años. Estamos hablando de que la ley indígena se aprobó en 1977 y dentro de la misma se le encomendaba al INDER –en aquel momento ITCO- que debía participar en la recuperación de los territorios indígenas”, manifestó la gerente general de la institución, Diana Murillo.

Parte del trabajo que tenía que realizar la institución y que no ha hecho de forma completa, era un censo, la delimitación de los territorios y los avalúos correspondientes, explicó la funcionaria.

Según dijo Murillo, del censo permitirá determinar cuáles son las personas que podrían ser indemnizadas y las que no.

Para la jerarca del INDER la postergación de esta tarea no solo se debe a falta de recursos humanos y presupuestarios, sino que “ha habido falta de voluntad política” por parte de las administraciones anteriores para recuperar los territorios indígenas.

Plan de recuperación

Murillo explicó que ya existe un plan para recuperar todas las tierras que legítimamente pertenecen a nuestras etnias originarias, que llevan años de sufrir acoso y agresiones de parte de colonos no indígenas que han invadido esos territorios.

A partir del 16 de mayo, funcionarios técnicos y profesionales del INDER iniciarán el censo y la medición de los terrenos ocupados por no indígenas.

Esta será la primera de tres etapas que se cumplirán en los próximos seis años.

La primera es la intervención inmediata en los territorios de Salitre y Cabagra, por presentarse en estos lugares una situación más compleja. El Inder destinó para la ejecución del PLAN-RTI para este primer año, casi ¢500 millones entre pago de salarios, viáticos, traslados y compra del equipo técnico especializado, como por ejemplo, los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés).

Paralelamente, personal del INDER y de otras instituciones del gobierno trabaja en la zona para poner al tanto a los vecinos de los objetivos y de cómo se llevará a cabo el proceso.

Los estudios que realice el Inder definirán cuáles serán aquellos ocupantes no indígenas que deben ser indemnizados por parte del Estado, lo que le corresponderá al Ministerio de Hacienda.