Expresidente Luis Guillermo Solís.

La moción, que pide además cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para ambos y otros cuatro exfucionarios de la pasada administración, obtuvo el apoyo de 40 diputados de los partidos Liberación Nacional, Restauración Nacional, Unidad Socialcristiana y Republicano Socialcristiano.

Un informe de minoría, presentado por la diputada Paola Vega y apoyado por nueve diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), de gobierno, señala que el tema ha sido tratado por la oposición como un asunto de corrupción, pero que solo se trata de pagos que había que hacer aunque no tuvieran aprobación presupuestaria.

"Aquí nadie se ha robado nada. Es un pago de deuda sin autorización presupuestaria y eso no tiene que ver nada con la corrupción como ha pasado con algunos presidentes que los hemos visto hasta en la cárcel", aseguró la diputada Vega.

El informe de mayoría asegura que la situación presentada con el llamado “hueco fiscal” se debe a una mala gestión hacendaria, a la que Solís, Fallas y los demás funcionarios deberán responder en el plano civil y penal, porque a juicio de los diputados se cometieron delitos.

La Fiscalía realiza actualmente una investigación en torno al hueco fiscal, la cual se encuentra en etapa de recolección de pruebas.

El exministro Fallas se ha defendido con el argumento de que el vacío presupuestario se originó en la negativa de los diputados de la pasada legislación a aprobar una reforma fiscal, lo que complicó las posibilidades de conseguir el financiamiento necesario para el pago de deuda.

“El presupuesto del 2018 fue elaborado entre junio y los primeros días de agosto del año 2017, bajo supuestos económicos y financieros diferentes a los que enfrentó la Administración anterior al cierre del año pasado y a los que ha enfrentado el nuevo Gobierno, particularmente en cuanto a la disposición de los inversionistas para adquirir títulos de deuda pública a largo plazo. Tal situación obligó a la Tesorería Nacional a recurrir a endeudamientos extraordinarios de corto plazo, para cumplir con sus obligaciones en los últimos meses del 2017, al tiempo que se hacía más difícil también realizar canjes de deuda al mismo ritmo que se hizo en el pasado", explicó Fallas en una publicación reciente.

Las autoridades gubernamentales que lo sucedieron en Hacienda tuvieron que elevar las tasas de interés para captaciones de fondos en el corto plazo, obligando a colocar deuda a plazos que vencen este mismo año, según el exministro.

Lo anterior -dijo- hizo que la estimación de vencimiento para el 2019 se adelantara para el 2018 provocando la necesidad de ajustar la partida de amortización en el presupuesto nacional. Tal situación no se podía prever debido a la incertidumbre por la falta de solución a la situación fiscal del país.