Al inicio de su mandato, el presidente Luis Guillermo Solís (mayo 2014/18), presentó la lucha contra el fraude fiscal, la corrupción y el narcotráfico como ejes de su gestión.

A las metas del Mandatario, se fueron sumando otras, por ejemplo, los requisitos que deben cumplir los países que aspiran a ser miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la presión de las denuncias internacionales que lo involucran. 

Primero fue el caso Liberty Reserve (2013 Ver más información abajo), el que puso a Costa Rica entre la espada y la pared frente a la comunidad internacional, razón por la cual el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le impuso al país un plazo que, ciertamente, vence el 15 de julio próximo, para que implementara la normativa y mejoras en la eficacia de cumplimiento, de las normas del GAFI.

Estas normas prevén el registro electrónico de beneficiarios finales, para saber quiénes son las personas físicas detrás de las ficciones legales utilizadas para defraudar al estado costarricense y nuevas medidas contra el fraude fiscal y delitos financieros de diverso tipo, que incluyen el financiamiento al terrorismo. Este último delito aún no está tipificado en nuestra legislación.

Pero el gran puntapié para que se tome en serio la adopción de controles contra el blanqueo de capitales, la evasión y elusión fiscal, lo dio la investigación periodística que filtró los documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca (Ciudad de Panamá, 2016), conocida bajo el título de Panama Papers.

Panama Papers reveló que nuestro país no es la excepción al señalar varios casos domésticos de empresas off-shore tramitadas por el bufete Mossack Fonseca para la evasión fiscal y la probabilidad de que –como otros- también sirvieran para la legitimación de capitales.

En la sesión de la Comisión Especial legislativa Mossack Fonseca – Panama Papers, de este lunes, los diputados escucharon el análisis y los criterios del experto en Blanqueo de Capitales, Román Chavarría, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.

Chavarría es un convencido de que el Ministerio de Hacienda tiene que conocer y ejercer controles sobre los beneficiarios finales de las sociedades, “este registro representa un trabajo arduo pero materialmente posible” dijo.

La diputada Marcela Guerrero, de la comisión que investiga los casos locales de los Papeles de Panamá, explicó que el registro “iniciaría con un sistema electrónico en el que el representante legal de cada sociedad estará obligado a ofrecer una declaración jurada indicando quienes son los accionistas y su cuota accionaria dentro de cada organización”.

Guerrero amplío los detalles del análisis de Chavarría y al agregar que el experto les hizo ver “la necesidad de mejorar el control de otras figuras jurídicas utilizadas para defraudar como los fideicomisos y las inversiones inmobiliarias”.

El experto, agregó Guerrero, sugirió también “tener un control más significativo sobre las actividades no financieras consideradas como riesgosas por el GAFI” que están relacionadas con el ejercicio de profesiones liberales como “la abogacía, el notariado, los contadores, y actividades de casinos y fundaciones de bien social” agregó.

Para la legisladora de la bancada oficialista (PAC), no implementar estas medidas “expondría al país a complicaciones en su proceso de incorporación a la OCDE, a la pérdida de la cooperación económica internacional y a ser considerado como una jurisdicción no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.

Acción urgente contra el blanqueo

A medida que avanza la Comisión Especial Mossack Fonseca, en la que este lunes compareció el experto sobre Blanqueo de Capitales y Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, Román Chavarría, los legisladores señalan la urgencia de aprobar varios proyectos de ley para evitar el blanqueo de capitales que ya se encuentran en la corriente legislativa.

Sobre este tema, la diputada Guerrero explicó que “la ganancia global que obtiene el crimen organizado con el blanqueo de capitales supera los $2 billones al año y apenas el 1% es interceptado. La única herramienta legal con la cual contamos, dijo, es la Ley 8204, sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que no ha sido suficiente”.

En 2013 en nuestro país, del 100% de las condenas por violar la Ley de Psicotrópicos apenas un 0,8% fueron por el delito de legitimación de capitales.

De las 349 investigaciones efectuadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD en el mismo año, solo 34 fueron reportadas al Ministerio Público como operaciones sospechosas, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Costarricense sobre Drogas.

Legislación pendiente pero complementaria. En la corriente legislativa ya se tramitan proyectos tendientes a llenar los vacíos que permiten el lavado de dinero.

- Expediente 19245. Fraude Fiscal: Creación de un registro de accionistas, lo que se debería ampliar a registro de beneficiarios finales.

- Expediente 19571. Ley Especial de Extinción de Dominio: Permitiría confiscar los bienes al crimen organizado.

- Expediente 19909. Reforma a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo: Se crea el delito de financiamiento al terrorismo.

- Expediente 19951. Regulación de Casinos, Abogados y Comerciantes: Para fiscalizar las profesiones y actividades consideradas como riesgosas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (Fuente: Asamblea Legislativa)

Liberty Reserve

El desmantelamiento de una casa de cambio mundial, que los fiscales dicen fue la mayor operación de lavado de dinero en línea en la historia, develó al intercambio digital financiero en este tipo de operaciones como un método sorprendentemente eficiente para lavar dinero, incluyendo las ganancias del narcotráfico.

Más de US$6 mil millones se lavaron a través de Liberty Reserve, una compañía con sede en Costa Rica que permitió a sus más de un millón de clientes, de los cuales 200.000 eran ciudadanos de Estados Unidos, abrir cuentas y mover dinero anónimamente utilizando su moneda virtual. Desde 2006 hasta 2013, Liberty Reserve fue el "la opción bancaria para el mundo criminal" según una acusación federal de Estados Unidos. (http://bit.ly/28Oo2sV)