Líderes de la comunidad indígena de Kekolbi se encuentran en San José para demandar ante un Tribunal Contencioso Administrativo que le sean devueltas la totalidad de sus tierras, cercenadas durante décadas por instituciones estatales como el IDA (Instituto de Desarrollo Agrario) y la CONAI (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) que tienen años de estar titulando lotes dentro de la reserva.

El juicio inicia este martes y miércoles en el Tribunal Contencioso Administrativo con la presencia de representantes de la comunidad bribri de Kekoldi, que se desplazaron hasta la capital para defender su derecho a la tierra y demandar que les sean devueltos la totalidad de sus territorios entregados a no indígenas.

La reserva del pueblo Kekoldi comprende más de 8000 hectáreas que han quedado reducidas al mínimo debido a que tanto el IDA como la CONAI tienen años de estar asignando tierras a no indígenas en los territorios ancestrales de esta comunidad.

La lucha por la defensa de sus tierras provocó un incidente que terminó con 22 personas de la comunidad encarceladas, hace solo dos semanas atrás, porque un tribunal de Limón los obligó a salir de donde habían vivido toda la vida y los indígenas se resistieron.

En 1977 la Ley Indígena dispuso que, a los propietarios o poseedores de buena fe que estuvieran dentro de los territorios indígenas se les debía reubicar o expropiar; y a aquellos que invadieran esas tierras con posterioridad a 1977 se les debía desalojar "de inmediato", "sin pago de indemnización alguna".

Hasta ahora los indígenas han estado peleando -con recursos muy limitados y sin mucho éxito- contra las invasiones producidas después de ese año, mientras esperan que el Estado cumpla con expropiar y/o desalojar a los no-indígenas, de sus territorios, aseguran en un comunicado.

Han pasado 34 años y ahora hay menos tierras en manos de los indígenas que las que había en 1977. El Estado se ha negado a cumplir con su deber, resaltan los líderes.

Los indígenas de Kekoldi son los primeros en demandar al Estado para que de una vez por todas les entregue las 6.000 hectáreas que les pertenecen, expropiando o desalojando a quien corresponda. Hasta el día de hoy la comunidad Kekoldi solo ha podido retener unas 1.500 hectáreas de las 8000 hectáreas comprendidas dentro de los límites de la reserva.

Los ocho pueblos aborígenes de Costa Rica vienen luchando, sin éxito, hace 16 años, para que se apruebe la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas que año tras año, es desplazada en la agenda de la Asamblea Legislativa.