De acuerdo con el informe de la CICIG, el presidente Pérez sería uno de los líderes de una banda de defraudación aduanera por lo que la Fiscalía guatemalteca inició el proceso de un antejuicio en su contra, un hecho sin precedentes que marcó una jornada de conmoción en sectores políticos y protestas masivas en la capital.

Entre tanto, la Asamblea Social y Popular, que cumplió cinco meses de protestas, anunció que paralizará el país para exigir la renuncia del presidente Pérez, suspender los comicios generales del 6 de setiembre, convocar a una Constituyente y llamó a redoblar el repudio a la corrupción y la impunidad.

El informe de la CICIG reveló que en la reconstrucción de la organización y el organigrama de la banda de defraudación, se pudo establecer “la muy lamentable participación del señor presidente de la República y la señora Roxana Baldetti”, afirmó el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el jurista colombiano Iván Velásquez, ante la prensa.

"Si ahora decimos que 'el uno' corresponde al presidente y 'la dos' a la vicepresidenta, es porque tenemos soportes” que comprueban lo que exponemos, aseguró Velásquez al explicar que hay conversaciones telefónicas y otras pruebas que dejan claro que así se designaba la participación de ambos funcionarios en el esquema que cobraba sobornos para evadir impuestos aduaneros.

Baldetti fue detenida este viernes en una clínica privada a la que habría acudido para ser atendida por un supuesto quebranto de su salud. Otro ex funcionario implicado en este escándalo que se encuentra prófugo, es el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.

Con estas pruebas en la mano, la CICIG y la Fiscalía guatemalteca presentaron un antejuicio contra Pérez por los delitos impresos en la carátula del expediente de asociación lícita y cohecho pasivo.

“Con la documentación incautada en los allanamientos en conjunto, con las interceptaciones telefónicas disponibles llegamos a considerar como probable que el señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización", afirmó Thelma Aldana, Fiscal General.

La prensa guatemalteca señala que las investigaciones iniciaron en mayo de 2014 e incluyeron 86 mil sesiones de escuchas telefónicas que son la principal prueba.

El gobierno de Pérez atraviesa una crisis política sin precedentes en este país centroamericano desde que salió a la luz pública la trama de la red de defraudación aduanera, en abril pasado.