No sólo les aumenta el impuesto a la renta por encima de 840,000, llevando el último tramo a un 35%; sino, además, los quiere gravar con un sobre/impuesto a bienes inmuebles. Hasta la casa van a perder muchos de nuestros compatriotas… Después de la reforma de diciembre de 2018, miles de pequeñas empresas y negocios quebraron en todo el país (la mitad de los centros comerciales están cerrados y decenas de miles de pequeños negocios clausuraron). Sigue por el mismo camino de liquidar la clase media de Costa Rica. Somos ya el 8avo país más desigual del mundo de acuerdo al propio Banco Mundial (Taking on Inequality, 2016 y 2018, World Bank Group), a la par de Honduras, Rwanda y Haití. Agudizaremos aún más la desigualdad.
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2.— DEJA EXONERADAS, UNA VEZ MÁS, A LAS ZONAS FRANCAS Y GRUPOS EXENTOS QUE PAGAN CERO RENTA. – Nuevamente, deja totalmente exoneradas a un grupo privilegiado de zonas francas y otros sectores (el país tiene más de 192 leyes de exoneraciones y exenciones). Son sectores que, en su gran mayoría, pagan 0 en impuesto de renta. Además, se beneficiaron en forma inaudita y adicionalmente con una exención del IVA en su compra de insumos en el mercado interno, en la última reforma del 2018. En ese grupo de empresas privilegiadas que NO pagan nada en impuesto de renta están los sectores que generan más riqueza. Ya es hora de que todos paguen impuestos en este país. Es inmoral que las pymes paguen el 25% o el 30% (ahora los quieren llevar al 35% de renta), y otros estén totalmente exentos. Zonas francas, piñeras, bananeras, etc., y muchas otros. Gente que usted ni se imaginaría están hoy metidos allí, muchos ticos disfrazados de empresa de zona franca. Las exoneraciones representan más del 6% del PIB anual como se anunció en el año 2018 La Extra y La Nación. Con eso pagaríamos todo nuestro déficit.
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Y aquí hay dos falacias que hay que desmontar: a) Dicen algunos que si se les impone algo de impuesto de renta (digamos un 10% o 15%), las zonas francas se irán del país. Falso. Las empresas transnacionales de verdad no se van a ir porque pertenecen a países que poseen Renta Mundial y ello significa que—si no pagan renta aquí—lo tienen que hacer en sus países de origen, en el IRS de los EEUU, en el Canadian Revenue Office, etc. Son empresas serias. Los que andan con ese argumento son una serie de empresarios ticos que montaron en los últimos lustros empresas de puro papel en Panamá, en Grand Cayman u otros paraísos fiscales (¿se acuerdan de los Panama Papers?...) y han venido aquí a inscribirse como zonas francas, en forma abusiva, haciendo competencia desleal contra las empresas ticas que sí pagan impuestos.
b) Segunda falacia: que las ZF generan empleo…. Desde luego, pero...¿y las pequeñas y medianas empresas de Costa Rica no generan también empleo? ¿Y los agricultores no generan empleo? ¿Y los dueños de los miles de pequeños negocios que quebraron después del 2018 no generaban empleo? Las pymes de Costa Rica representan más de 1.200,000 personas, prácticamente el 80% de la PEA del país. Las zonas francas apenas 115,000, menos de la décima parte. ¿No es justo equilibrar un poco las cargas?
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3.– NO ATACA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN FISCAL. – La propuesta del gobierno no introduce un sistema moderno para controlar la evasión o elusión de impuestos. Por ejemplo, aquellos 200 grandes contribuyentes que todos tenemos en la memoria, muchos de los cuales declararon 0 ganancias en los últimos 9 años, sin ninguna explicación. Impunidad fiscal pura y absoluta. La presente administración se sigue poniendo una venda en los ojos y les deja hacer (es decir, no pagar). La oficina de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda (hice la investigación) no tiene más de 25 auditores para fiscalizar a esas macro-empresas, no tienen equipo de control cruzado informático adecuado, etc. Esas macro-empresas y su cohorte de contadores y bufetes de abogados tributaristas con corbatas Hermes de 200 dólares tienen todo el dinero del mundo para disfrazar ganancias y “convencer” a Hacienda de que son pobres negocios quebrados que no generan ninguna ganancia al año.
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4. – NO PROPONE UNA RE-NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA. – Es lastimoso ver a funcionarios del gobierno (no el Ministro de Hacienda, por cierto, quien me parece un hombre sensato, navegando en aguas procelosas y difíciles, pero sí otros) actuando como si fueran funcionarios del FMI. Cualquier país serio del mundo propone renegociaciones de deuda (lo hicieron Italia, España, etc., en su renegociación de hace una década con la UE, o naciones de como México, Argentina, etc, con el BM y el FMI). Pero no, aquí no. Presos de un servilismo y un malinchismo lastimero, aceptan lo que les dicen funcionarios de 3ra categoría del Fondo o-- más grave aún--disfrazan de peticiones del FMI las intenciones de grupos de interés económico interno. Como lo ha dicho correctamente el nuevo presidente de la UCCAEP, el primer paso es sentarse con el FMI y hacer una renegociación integral de la deuda del país.
Por otra parte, Costa Rica tiene reservas monetarias en el Banco Central por 7,500 millones de dólares. En una ortodoxia monetarista que no siguen, ni siquiera, grandes naciones capitalistas, el Gobierno y el Banco Central se niegan a hacer “un préstamo interno” al Ministerio de Hacienda del 20%, lanzando bonos al mercado interno con garantía soberana. Lo hacen muchos países europeos. Ello nos generaría 1.500 millones de dólares, suma cercana a lo que el FMI nos ofrece, y no tendríamos que vender el alma en una negociación quizá leonina y complicada. Muchos países europeos lo hacen en situaciones de crisis. Basta que, con base en el artículo 121, inciso 15) de la Constitución Política, la Asamblea autorice por una vez una autorización de excepción con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Banco Central No. 7558 del 3 de noviembre de 1995. El doctor William Hayden, banquero, y otros economistas han abogado por esa solución, Sin embargo, nuestro Poder Ejecutivo propone endeudarse aún más, internacionalmente.
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5.– NO HACE UNA REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO Y DEL GASTO PÚBLICO. – Aquí me separo de muchas personas que creen que el Estado no tiene problemas. Sí, los tiene, y muy grandes. Flaco favor se le hace a la Administración Pública no aceptarlos y corregirlos. El gasto público creció alarmantemente un 87% en los últimos 12 años. Muchos de los que rasgan las vestiduras hoy fueron, justamente, los políticos y gobernantes que crearon miles de plazas nuevas entre 2006 y hasta ahora. Por ejemplo, FODESAF y las instituciones asociadas gastan un 2,8% del PIB y nunca redujeron pobreza en los últimos 20 años. RECOPE tiene más de 2,000 empleados en planilla y no refina un barril de petróleo hoy día. Ciertamente, allí sí necesitamos reforma del Estado y transformar totalmente esas instituciones. O cerrarlas. Todo el mundo tiene que socarse la faja. Yo he apoyado plenamente la decisión de las universidades públicas, incluida la Universidad de Costa Rica (UCR), de eliminar pluses, anualidades y otros beneficios en esta situación de crisis. Me alegro que mi salario se haya reducido en el último año para ayudar al país, y con gusto pago más impuestos desde la reforma del 2018.
Esto es muy distinto, sin embargo, a la estrategia perversa de venta de activos del Estado que sí funcionan, que generan bien social y que—además—impiden monopolios públicos. La clave es transformar las instituciones que no sirven, pero no vender “a precio de regalo” las instituciones del Estado eficientes. Por ejemplo, algunos claman por la venta de Kölbi y el ICE. Con eso le estaríamos entregando el oligopolio de las telecomunicaciones de Costa Rica a Carlos Slim, a Claro y a otra gran transnacional que compró hace dos años buena partes del negocio celular y cablero. Regalaríamos Kölbi (lo único que tiene valor de futuro en el ICE) por unos 2.000 millones de dólares, apenas poco más del 3% del PIB, dinero que desaparecería rápidamente en los servicios de deuda. Eso—además de propiciar un monopolio privado, pues el ICE es una empresa que compite muy bien en telefonía—es dañar los intereses públicos. Es dañar a los consumidores.
La reforma del Estado tiene que atacar, corregir o cerrar las instituciones que no sirven, pero no regalar a precio de caballo flaco las instituciones que sí sirven y tienen interés público y ventajas a los consumidores o ciudadanos.
Ojalá que la Asamblea Legislativa corrija esta errónea propuesta del Ejecutivo al FMI. Por el momento, las declaraciones del presidente del parlamento, Eduardo Cruickshank, son lo más sensato y patriótico que se ha oído en el país en las últimas semanas.
