Flores, al que muchos policías daban por perdido, tiene las claves de lo que ocurrió aquella trágica noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. No sólo dio la orden de arrestar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sino que fue el encargado de entregarlos, según las reconstrucción oficial, a los sicarios acusados de su eliminación. Su testimonio puede arrojar luz sobre estos controvertidos hechos. O también sombras. Pero en cualquier caso anuncia una sacudida de proporciones aún desconocidas.

Los datos sobre la captura no han sido hechos públicos. Solo un mínimo comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad da cuenta de su caída en una operación conjunta de los militares, la procuraduría y los servicios de inteligencia. Fuentes oficiales señalaron que el arresto se efectuó en Oaxaca, donde llevaría escondido todo este tiempo.

Tras 130 detenidos, 422 resoluciones judiciales y 850 declaraciones, la noche de Iguala aún espera su amanecer. La versión oficial no ha logrado su principal objetivo: convencer a la ciudadanía. Las dudas sobre aspectos clave como la hoguera donde supuestamente ardieron los normalistas y la inacción del ejército, han prendido un fuego mayor, el de la desconfianza. Abrasados por ella, han ido cayendo los sucesivos puntales de la investigación. Primero, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; después el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Ni siquiera la intervención de un grupo de expertos independientes ha logrado restablecer el equilibrio. Por el contrario, sus diferencias con la procuraduría desembocaron en un sonoro portazo y nuevas dudas.

En este escenario, la figura del jefe policial de Iguala puede ser decisiva. Su proximidad a los hechos y, sobre todo, su papel nodal entre el cártel de Guerreros Unidos y la autoridad civil son claves para entender la implicación del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes. Y también en crímenes previos que alimentaron el aberrante clima de impunidad que se vivía en Iguala.

Los testimonios señalan que Flores era el principal verdugo del clan Abarca. Él dirigía con ayuda de sus agentes las operaciones de secuestro y tortura, y luego entregaba a las víctimas a su jefe para que las liquidase. Esto ocurrió en mayo de 2013 con el líder campesino Arturo Hernández Cardona. El relato de un superviviente muestra cómo después de obligarle a cavar su tumba, Flores lo entregó al alcalde de Iguala, que le mató de dos disparos. Uno en el pecho y otro en la cara.

Pese a esta clamorosa complicidad con Abarca, de quien también es primo, Flores ha burlado durante dos años la persecución policial. Su fuga mostró la debilidad de las instituciones y fue un presagio de cómo se desarrollarían las primeras etapas del caso. En la noche de los hechos, el jefe policial informó a otras fuerzas de seguridad de que no se había registrado detenciones. Y cuando en los días siguientes, todas las miradas estaban puestas en él y en su implicación, acudió a declarar al ministerio público, entregó a sus agentes y salió por la puerta grande para no volver nunca más a la luz.

Su huida, tan escandalosa como la del alcalde, supuso un golpe terrible a la credibilidad de la investigación y alimentó durante todos estos meses la sospecha. Ahora que ha sido capturado, muchos esperan que su testimonio aporte algo de luz. Pero es muy posible que se acoja a la misma línea de defensa que su primo y niegue su participación en las desapariciones. En su mano y en la de la justicia, está aclarar uno de los crímenes más dolorosos de México.