Casi 48.000 millones de colones le fueron cercenados por la Asamblea Legislativa al presupuesto del PANI para el 2017, dejando en los huesos a una institución que tiene el mandato –nada más ni nada menos- de darle protección y apoyo a los niños abandonados, maltratados o en riesgo social.

A eso llaman contención del gasto esos diputados que por fortuna no son todos pero sí mayoría, por desgracia. Tienen diferentes nombres: socialcrisitanos, socialdemócratas, libertarios o cristianos, pero comparten el mismo apellido: Trumpenianos.

Alegan los diputados de marras que el PANI es una institución ineficiente, que no ejecuta bien su presupuesto y que, por tanto, bien merecido tiene el brutal mordisco que le han propinado.

El argumento se cae por su propio peso. Si ese fuera el criterio para definir el presupuesto de una institución, el primero que habría que cercenar es el de la Asamblea Legislativa, donde campean la lentitud, la ineficiencia, la politiquería y la prepotencia. Ese sí es un hueco negro e insondable en que se dilapidan muchos miles de millones que pagamos los costarricenses.

Podría mencionar otras instituciones de similar catadura (¿o se dirá caradura?), sin embargo, para  muestra basta un botón.

Si el PANI funciona mal, si los recursos no se están invirtiendo de manera eficiente, si no está llegando a todos los sitios en que se requiere la intervención del Estado para proteger al grupo de población más vulnerable, que es la niñez, lo que procede es revisar el funcionamiento, la estructura y la dirección del ente.

Las tareas que cumple el PANI no son opcionales. No es que si lo hace bueno y si no le quitamos la plata. Es que se trata de una institución vital, encargada de una función ineludible del Estado, que tiene que operar con eficiencia y eficacia y estar debidamente financiada.

Lo paradójico es que se le cercena el presupuesto a la niñez en riesgo social para contratar policías: la política de tapar un hueco destapando tres. Porque esos niños abandonados a su suerte serán los delincuentes de un futuro incierto, en que con toda certeza no habrá número de policías suficiente para librarnos del crimen.

¿Y todo esto para qué? Para ahorrarle al sector privado un impuesto de 300 dólares anuales, miserables 13.000 colones por mes, que no hacen mella ni en la microempresa más pequeña del país. A esto es a lo que llamo ser más papista que el Papa.

De este modo nos vamos asemejando cada vez más a otros países centroamericanos en que se hace alarde de una política de “mano dura” contra la delincuencia que no sirve para nada, pues las pandillas gobiernan la vida cotidiana y engrosan desmesuradamente, nutriéndose del ejército de niños hambrientos, sin familia ni escuela que pululan en las barriadas.