Foto: Radio Machete

A pocas horas de que se realice una masiva marcha en defensa de las universidades públicas, el Gobierno afirma que está trabajando en encontrar una solución a la discrepancia sobre el monto que las universidades públicas deben invertir en infraestructura.

El presidente de la República Carlos Alvarado se encontraba de gira en México el lunes y aún no se sabe si estará presente este martes en Casa Presidencial. El Consejo de Gobierno, que usualmente se realiza los martes en Zapote, fue trasladado para el miércoles.

Durante la firma del Convenio del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) entre los rectores de las universidades públicas y el Gobierno el pasado 18 de julio, los rectores se comprometieron a dedicar por lo menos 70mil millones de colones a inversión de capital. Pero el acuerdo no especificaba que dicho monto debía salir de los recursos del FEES.  

“Ciertamente el origen del malentendido surge de un documento que firmaron todos los rectores, ministros y viceministros, que dice que las instituciones de educación superior se comprometen a hacer una inversión de capital estimada de 70 mil millones de colones; pero en ningún momento se dice que es una inversión de capital dependiente del FEES”, dijo el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, el 18 de octubre.

Según Jensen, en la mesa de negociación se acordó que este monto se pagaría a través de los presupuestos totales de los centros de estudios y no del FEES; pero eso no quedó referenciado en el papel.

Luego el Ministerio de Hacienda puso en riesgo las finanzas de las universidades públicas para el 2020 con el presupuesto ordinario enviado a la Asamblea Legislativa el pasado 1 de setiembre.

Jensen señaló que al enviar el presupuesto ordinario, el Ministerio de Hacienda definió el FEES en tres partidas: gastos corrientes, deuda pública y gastos de capital. Los gastos de capital -o transferencia de capital- se fijó en un monto de 70 mil millones de colones y estos recursos sólo pueden usarse para infraestructura y equipamiento. Esto impone un destino específico y las instituciones públicas no podrían cambiar esto.

“Imagínense que entonces ahora tendríamos para inversión de capital 175 mil millones de colones sólo para el 2020. Eso es absolutamente imposible de ejecutar. Es un absurdo. Además de que lo consideramos violatorio de nuestra autonomía y de nuestra capacidad de decisión independiente. Se destina recursos a un fin que más bien está absolutamente cubierto y se dejan al descubierto un conjunto de propósitos que son esenciales”, declaró Jensen.

Alrededor de 100.000 estudiantes se verían afectados en la UCR

El rector calcula que, en caso de aprobarse esta medida, la población afectada sería de unos 100.000 estudiantes, que no podrían participar de una clase en el año 2020 “porque no tendríamos la capacidad de contratar docentes para que impartan las materias”.

Carolina Calderón, de la Oficina de Planificación Universitaria, indicó que “ese monto significaría para las universidades tener que replantear su planificación”. “Estaríamos sacrificando la actividad sustantiva que es la parte docente, becas, regionalización, investigación”.

De acuerdo con datos provistos por Calderón, alrededor de 400 millones de colones están destinados para acción social, incluyendo el programa para adultos mayores, educación continua, trabajo comunal universitario y proyectos.

Por otra parte, un 55% de la población estudiantil tiene alguna categoría de beca. Más del 80% de los estudiantes de sedes tienen algun tipo de beca.

Ante la pregunta de por qué no se financia ese hueco presupuestario con la absorción de salarios dentro de la UCR, Jensen afirmó: “Tenemos obligaciones legales con las personas que contratamos y no podemos arbitrariamente bajar salario. Además, no es una masa salarial excesiva. Es normal para una institución pública que brinda un servicio y para eso requiere personas”.

Aprobaron moción para reclasificar 35 mil millones

La Comisión de Hacendarios que analizó el presupuesto ordinario 2020 aprobó una moción para que las universidades públicas esten obligadas a invertir en infraestructura 35 mil millones de colones provenientes del FEES -en lugar de los 70 mil millones-; pero esto aún debe ser aprobado por el plenario.

La moción para que se reclasificaran como gastos corrientes 35 mil millones que estaban como gastos de capital fue presentada por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Enrique Sánchez Carballo.

Jensen dijo que ahora el presupuesto iría a plenario con esa moción incorporada; pero seguirá expuesto a discusiones legislativas y continúa la amenaza potencial.

Por su parte, la Ministra de Comunicación, Nancy Marín informó: “Hemos tenido diversas reuniones con los rectores de las universidades públicas intentando encontrar vías de solución a este tema, insistiendo en que aquí no ha habido ningún recorte a la partida del FEES, que incluso hay un aumento a esa partida y que hay una discrepancia en lo que se llama el gasto de inversión y el gasto de capital que debe ser invertido por las universidades públicas. Sin embargo estamos trabajando de manera conjunta en encontrar una solución a este tema”.

“No queremos de ninguna manera que una acción del uso de la fuerza venga a entorpecer la vía del diálogo. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que el diálogo siga abierto y podamos encontrar una solución a este tema”, aclaró.