El organismo presentó una coadyuvancia a la consulta de constitucionalidad que varios diputados plantearon en relación con el proyecto de presupuesto del año próximo.

“Al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado costarricense ha asumido el compromiso ante la comunidad internacional y frente a la población menor de edad del país, de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, financieras y de cualquier otra índole, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos allí reconocidos a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción”, señaló la Defensoría en un comunicado en que informa de la decisión.

El ente agrega que este compromiso ha sido retomado en el Código de la Niñez y Adolescencia.

En la coadyuvancia la Defensoría apela además a diferente instrumentos internacionales adoptados por Costa Rica, por los que el país se compromete a adoptar todas las medidas técnicas y económicas, “hasta el máximo de los recursos de que disponga”, para garantizar los derechos de los niños y adolescentes.

En tal sentido, los recursos presupuestarios aprobados por un grupo mayoritario de diputados en octubre pasado “atentan contra el principio de control de convencionalidad, obligación de toda autoridad pública que consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte”.

Para la Defensoría, las acciones y políticas públicas que realiza el Estado para dar cumplimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes se reflejan en su presupuesto, en todas sus fases. “El presupuesto es la expresión por excelencia de las políticas de Gobierno, y muestran dónde y cómo se invierten los recursos y también qué programas no tienen suficiente asignación de recursos”.