La grave crisis por la que atraviesa esa institución requiere la intervención de la Defensoría que “en forma sistemática y reiterada ha señalado las debilidades del PANI, tanto en su rol constitucional de protección especial de los niños, niñas y adolescentes del país, como en su competencia legal en relación con su protección integral y la de sus familias”.

Agrega que para la Defensoría “hoy más que nunca el PANI debe estar preparado para los nuevos retos y desafíos de la población menor de edad, en especial vulnerabilidades que amenazan la integralidad de sus derechos: desigualdad, pobreza, violencia, adicciones, riesgos de las nuevas tecnologías en comunicación, entre otros” dijo con preocupación la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.

“La debilidad estructural del PANI, evidenciada durante las últimas décadas, para atender en forma eficiente y efectiva su cometido institucional, de manera, particularmente alarmante, en la atención de los casos de mayor prioridad y urgencia”, puntualizó Crespo.

Plan de Emergencia para el 2020

La Defensoría remitió un oficio al presidente Alvarado, este miércoles, en el que le solicita expresamente que “a partir de las condiciones de salida de la anterior jerarca, así como los cuestionamientos que diferentes órganos de control han planteado en relación con la gestión del PANI, dígase Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes, se establezca un Plan de Emergencia para el año 2020, que encauce las acciones institucionales y estratégicas.”

Para ello sugirió considerar la conformación de un equipo experto externo que asesore por un plazo determinado al PANI.

A modo de un llamado de atención, la Defensoría pidió al presidente Alvarado que “haciendo uso de las competencias constitucionales y legales posee “instruya al Consejo de Gobierno para que cumpla con su deber de vigilar el buen funcionamiento de los servicios que presta el PANI, partiendo de la atribución constitucional y la facultad del Poder Ejecutivo de orientar a las instituciones autónomas en orden a las prioridades de los fines que impone el ordenamiento jurídico y los medios y acciones generales que deben seguirse para lograr su efectivo y cabal cumplimiento.”

En forma particular, solicita, que se ejerza la potestad de dirección de gobierno, respetando la naturaleza autónoma del PANI, y sin perjuicio de la rendición de cuentas que le corresponde.

También, urgió a que se designe una instancia del Ministerio de la Presidencia que brinde seguimiento a la labor del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, como órgano adscrito al Poder Ejecutivo, así como instruir a los jerarcas de los ministerios y presidencias ejecutivas que lo integran su participación activa, sostenible y coordinada en dicha instancia y, en forma particular, en la formulación y monitoreo al cumplimiento del Plan de Emergencia indicado.

Adicionalmente, la Defensoría presionó para que se garantice el presupuesto necesario y sostenible del PANI acorde con el efectivo cumplimiento de su cometido constitucional y legal.

En el oficio se señala que la entidad defensora de los derechos humanos “estará atenta a las medidas que adopte la Presidencia de la República para el efectivo cumplimiento de su deber de vigilancia, como instancia superior de Gobierno, al mejoramiento de la calidad de los servicios del PANI a favor de los niños, niñas y adolescentes del país”.

Con esta declaración, la Defensoría de los Habitantes se coloca contra la corriente que aboga por el cierre de una de las instituciones fundamentales para la protección de la niñez y adolescencia en nuestro país.