Los propietarios de viviendas de lujo contribuirían a paliar la crisis fiscal.

El tributo cumple el objetivo de contribuir a mejorar la difícil situación fiscal que afronta el país, agravada por la pandemia del Covid-19 que estalló en marzo de 2020.

Esta propuesta, que sustituye el Impuesto Solidario para el Fortalecimiento del Programa de Vivienda, creado en noviembre de 2008, “simplifica la estructura del impuesto, lo que garantiza una más efectiva recaudación”, señaló Hacienda..

“Este impuesto gravará todo inmueble, urbano o rural, que contenga una o más construcciones e instalaciones fijas y permanentes, que constituyan una unidad habitacional, utilizada como vivienda habitual, ocasional o de recreo, aunque esté ubicada en fincas independientes o en edificios parcialmente ocupados por construcciones destinadas a otros usos”, detalla el proyecto de ley.

El tributo no aplica para aquellos inmuebles en que se desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de conservación de recursos naturales, agroindustriales y/o comerciales, precisa la iniciativa

De los recursos generados con este impuesto, se le asignará al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) una partida anual superior a ¢4.000 millones. Este dinero deberá usarse para financiar programas públicos de atención de asentamientos informales, erradicación de precarios, así como dotar de vivienda digna a personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema, detalla la información.

Especifica además que el impuesto deberá pagarse en forma anual durante los primeros 15 días del mes de febrero de cada año.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, expilcó que con la remisión a la Asamblea Legislativa de los últimos tres proyectos de ley que forman parte del ajuste fiscal que impulsa la administración, se cierra lo que corresponde al tema de ingresos en este proceso de ajuste.

“Se trata de los proyectos que ya habíamos referido sobre renta global, el impuesto de 0,5% a los inmuebles de lujo con un valor superior a los ¢150 millones, y otro que viene a establecer una contribución a las empresas públicas, adicional a las contribuciones que realizan actualmente”, externó.

“También, en los próximos días presentaremos un presupuesto extraordinario, en el cual se estarán incorporando más de ¢38.000 millones (0,1% del PIB) en gasto social, para reforzar el contenido social del presupuesto y permitir que las instituciones que hoy están dedicadas a programas relacionados con  becas, cuido, pensiones no contributivas, entre otros, cuenten con más recursos para llevar adelante su labor en beneficio de todos los costarricenses”, apuntó Villegas.