La sentencia, aprobada por cuatro votos contra tres, se afirma que "no se aportaron razones ni motivaciones suficientes de interés público para justificar que el Estado se haya apropiado totalmente de la actividad del porteo de personas, eliminando ilegítimamente en este punto la libertad de empresa y comercio de los particulares interesados”.

La magistrada Nancy Hernández explicó que la sentencia no se refiere específicamente al Uber porque la acción de inconstitucionalidad no se refiere a la legalidad o ilegalidad de ese servicio.

Sin embargo, al estar fuera de las regulaciones estatales, los conductores que trabajan con Uber serían multados si son sorprendidos por un oficial de tránsito.

El fallo fue celebrado por los taxistas, que venían reclamando con insistencia el pronunciamiento.

“Nos sentimos sumamente felices de que el estado de derecho se ha ratificado, que el poder judicial nos demuestra que todavía podemos confiar, que podemos luchar contra los grupos capitalistas y neoliberales que quieren dejar a muchas familias sin su medio de vida”, declaró Gilberth Ureña, dirigente del gremio.