Parte de los estándares que nuestro país tiene que adoptar, están contenidos en el marco jurídico que proporcionaría la Ley de Extinción de Dominio, que depende de la voluntad de los diputados para su aprobación.

Esta ley fue calificada de “prioridad” y “urgente” por los presidentes del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa y por el presidente Luis Guillermo Solís al término de una reunión concertada por el mandatario.

Entre tanto, este jueves concluyó en Valencia, España, una ronda de análisis sobre Costa Rica que pospuso la calificación del país para octubre próximo, fecha en que se celebrará la Plenaria del GAFI, y habrá que demostrar los avances costarricenses con relación a los estándares de la organización.

Por esta razón, el presidente Luis Guillermo Solís, convocó a los presidentes de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, del Poder Judicial, Carlos Chinchilla y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Luis Antonio Sobrado, para ponerlos al corriente del proceso a que se enfrenta el país y obtener de ellos el compromiso de sostener un consenso que apoye el trámite del proyecto de ley en el Congreso.

La futura ley, según afirmaron los jerarcas, es una de las prioridades del Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico por lo que los presidentes de los Supremos Poderes pidieron “a los diputados la pronta aprobación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio”.

La ronda en Venecia

La ronda de sesiones en la que nuestro país fue analizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) culminó este jueves en España, con la decisión de posponer la calificación de Costa Rica para la próxima Plenaria que se realizará en octubre, lo que da unas semanas más de tiempo pero en esa ocasión se aplicarán a nuestro país los nuevos estándares aprobados esta semana para todos los países, de ahora en adelante.

En la Plenaria en España, participaron el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro y los representantes del Instituto Costarricenses sobre Drogas (ICD).

Las nuevas medidas están orientadas a reforzar los mecanismos para evitar el financiamiento de actividades criminales del narcotráfico y el terrorismo y crea una jurisdicción que permitiría incautar bienes a particulares cuyo origen no puedan demostrar personas físicas o jurídicas. Justo en este aspecto se requiere de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio.

El ministro Alfaro, quien se mostró confiado del desempeño del país, explicó desde Valencia, que la nueva metodología es más demandante “pero hemos trabajado duro para lograr avances que el mismo GAFI ha destacado – en la recién concluida reunión- y ahora contamos con unas semanas extras para continuar fortaleciendo el marco legal y administrativo para el pleno cumplimiento de los requisitos GAFI”.

Las leyes aprobadas durante este gobierno son la Ley 9449, que establece medidas para la supervisión de las APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas); la reglamentación de la Ley 9416, que establece el registro de beneficiarios finales de entidades jurídicas; y la emisión de instrucciones de la Fiscalía para coordinar las investigaciones financieras cuando se detecte posible lavado de dinero.  En este proceso de evaluación se vuelve imprescindible la aprobación de la Ley de Extinción de dominio, para la incautación de bienes del narco tráfico y el crimen organizado.

Ambiente en el Congreso

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio se encuentra en el Plenario Legislativo donde ha enfrentado la férrea oposición de las fracciones de la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario.

Según explicó el Viceministro de la Presidencia en Asuntos Legislativos, Luis Paulino Mora, la ley permitiría que cuando una persona no pueda demostrar el origen de sus bienes, ya sean propiedades o capitales, las autoridades judiciales podrían decomisarlos sin necesidad de una sentencia, y este punto es rechazado por varios diputados.

Los socialcristianos y los libertarios, señaló Mora, sostienen que se viola el principio Constitucional de inocencia, se invierte la carga de la prueba, se confisca bienes de personas sin necesidad de que haya una sentencia y viola la propiedad privada, pero el Viceministro aclaró que esta posición tan radical es injustificada porque se trata de un proceso en el que mediaría una serie de procedimientos para evitar excesos y no de un mecanismo arbitrario.

El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los países miembros del G8. Su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales.

Durante seis días se reunieron en la capital valenciana unos 800 delegados de 34 países para tratar sobre la protección del sistema financiero global y la contribución a la seguridad.

La reunión supone el tercer y último plenario bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega, director general del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) que asumió el cargo el 1 de julio de 2016 por un periodo de un año.