Desde el movimiento ecologista se ha tratado de impulsar una discusión pública sobre el modelo energético: hace algunos años organizamos desde la Federación Ecologista (FECON) debates con otros sectores sociales (sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas), además se han publicado algunos artículos y análisis al respecto. Lastimosamente, el gobierno -salvo contadas excepciones- nunca quiso participar en estos debates.
Nuestra idea siempre ha sido promover esta discusión porque es más que necesaria y ayudará a dibujar el país que queremos. Siempre se nos dice que ocupamos aumentar nuestras fuentes de energía porque la demanda aumenta pero no se nos dice si esta se incrementa porque los edificios se cubren de luces o porque llega mucha empresa de maquila o de producción de cosas que no ocupamos. No se nos dice tampoco si con otras políticas podríamos más bien, hacer que esa necesidad de energía sea menor y contar con un país más equitativo y justo.
Pese a esta necesidad de discutir para encontrar una posición país, el gobierno más bien impulsa sordamente su agenda y no tiene disposición de convertirse en convocante y facilitador de una discusión que debe darse sin prisa pero de forma urgente. Así podríamos contar con un espacio que ayude a confrontar y construir propuestas en forma conjunta. Tal vez pueda encontrarse un punto común entre diversos actores sociales; de lo contrario al menos, se daría un debate más que necesario.
Hoy vemos una serie de ideas que clasificamos así:
El sector empresarial desde la cámara que los agrupa, han utilizado un discurso del miedo basado en un posible aumento del costo de la energía diciendo que, si esta aumenta el país estará casi en la ruina. Continúan diciendo básicamente lo mismo que dijeron cuando se dio la discusión del TLC y lo vimos de nuevo con el Acuerdo de Asociación con Europa.
Si bien es cierto que los costos de la energía han aumentado debido al uso de derivados del petróleo, el costo de la energía en el país es barato, existe una serie de subsidios o beneficios que recibe al menos un sector de empresarios y el costo de la energía para el consumo doméstico es el más castigado; impulso a proyectos seriamente cuestionados como lo son el Plan Mesoamérica (anteriormente Plan Puebla Panamá) y la introducción del país al Acuerdo Transpacífico comprometiendo así, la seguridad energética nacional; algunos políticos se han dejado dar “soluciones” que no son tales. Así y en forma automática, dicen que no debe haber más derivados del petróleo y lo que debe hacerse es convertir al país en una potencia de los agrocombustibles -mal llamados biocombustibles-.
Estos políticos no conocen o simplemente ignoran lo que ha pasado en otros países con estos cultivos: pérdida de soberanía alimentaria, dependencia de mercados externos, impactos en los bosques, agua y biodiversidad así como violación de los derechos de campesinas/os y Pueblos Indígenas; el gobierno retoma viejos discursos pero no se queda ahí. Ha impulsado con fuerza la energía geotérmica en parques nacionales a pesar de la inmensa oposición a la misma. También ha empezado a ver cómo reducir la demanda de gasolina y diesel desde el transporte público sin decirnos que atrás de los créditos de Japón o China se esconden negocios con créditos de carbono (mecanismos de compensación de emisiones) que profundizan las causas que provocan el cambio climático.
Le apuesta abiertamente, aunque sin decirlo, a un modelo derrochador de energía que se fundamenta en todos los tratados de libre comercio que ha “negociado”; el sector ecologista continúa oponiéndose junto al movimiento campesino e indígena, a la construcción de muchas hidroeléctricas por los impactos en los ríos y por su crecimiento descontrolado, invierte energía en análisis para detener la destrucción de los parques nacionales y continúa con el llamado a tener una discusión nacional. Ha publicado análisis sobre el significado de los créditos y mercados de carbono así como otras falsas soluciones. Además liga la problemática energética con la discusión sobre cambio climático, pérdida de soberanía y construcción de una sociedad más justa.
Una discusión nacional que pueda darse con seriedad con una metodología construida por los diversos actores y con buen tiempo ayudaría a ver soluciones reales cuando nos presentan espejismos. Ayudaría a la construcción de posiciones conjuntas y daría importantes insumos que permitan identificar desigualdades y prácticas insustentables para atacarlas.
