La líder bribri Mariana Delgado, Pablo Sibar de Térraba y su representante legal ante la CIDH, Karinna Fernández, de Forest Peoples Programme, en la UNED. (Foto: ACHM.

(Mariana Delgado, líder bribri, Pablo Sibar de Térraba y su representante legal ante la CIDH, Karinna Fernández, de Forest Peoples Programme, denuncian en la UNED detalles del asesinato de Segio Rojas, el 3 de abril de 2019. Foto: Ana Chacón Mora).  

La FPP es una organización que acompaña el proceso legal de los pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre ante la CIDH por violaciones reiteradas de sus derechos humanos y ancestrales, desde marzo de 2012, fecha en que la CIDH ordenó medidas cautelares de protección contra sus agresores que no se cumplieron y condujeron al asesinato de los líderes Sergio Rojas (1919) y Jehry Rivera (2020).

La organización, señala que “en el contexto de las diversas acciones internacionales de los pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba contra el Estado de Costa Rica: CIDH apruebó el Informe sobre admisibilidad del caso del Pueblo Bröran”, fechado en Washington D.C. el 17 de julio.

La FPP precisó que “el pasado 15 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación del Informe de Admisibilidad No.167/20 relacionado con la falta de reconocimiento del Estado de Costa Rica del territorio ancestral del pueblo Teribe, y del propio pueblo, al limitarse arbitrariamente su participación efectiva en la toma de decisiones, administración y posesión de su territorio, desconociendo sus instituciones y autoridades indígenas al imponerse desde el Estado la figura de Asociación de Desarrollo Integral. Así como la constante ausencia de consulta previa, libre e informada, y de recursos judiciales efectivos”.

Todos hechos que fueron denunciados el 22 de marzo de 2012 ante la CIDH por dos organizaciones indígenas Brörán, el Concejo de Mayores Brörán del Territorio Indígena de Térraba, la Asociación de Mujeres Orcuo dBon y más de una docena de víctimas.

El Programa de Pueblos de los Bosques es una organización que aboga por una visión alternativa de cómo se deben manejar y controlar los bosques, basada en el respeto de los derechos de los pueblos que los habitan y mejor los conocen.

(https://www.forestpeoples.org/es/CIDH-aprueba-informe-sobre-admisibilidad-caso-pueblo-broran).

En su informe de admisibilidad la CIDH observa que las víctimas y legítimos peticionarios denunciaron tales vulneraciones a nivel nacional, reconociendo que el Estado tuvo la oportunidad de remediar la cuestión en su jurisdicción sin que se establecieran apropiadamente fórmulas de protección, declarando que las víctimas han agotado los recursos internos.

La CIDH también señala “que los hechos alegados podrían caracterizar violaciones a los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a las garantías y protección judiciales, libertad de expresión, propiedad y derechos políticos de los miembros del pueblo indígena Teribe por parte del Estado de Costa Rica. Aspectos que se analizarán sustancialmente en el debate de fondo, que ahora inicia en el caso 14.026.
“El peticionario, líder indígena y defensor de los derechos de su pueblo Pablo Síbar, dijo que la admisión de la demanda, como pueblo, nos hace sentir altamente orgullosos, y nos alienta a seguir la lucha”.

Enfatizó en su agradecimiento a la CIDH y la importancia de esta resolución “en relación con los asesinatos de dos líderes indígenas, así como el peligro y miedo constante con el que viven otros líderes”, incluido él mismo.
Por su parte Elides Rivera, lideresa e integrante de una de las organizaciones peticionarias, la Asociación de Mujeres Orcuo dBon (Mano de Tigre), dijo que como mujeres que han participado desde el inicio del proceso reciben este informe con mucha satisfacción, el que contribuye a que sientan que están recorriendo una senda que les otorgara mayor seguridad en su territorio, así como bienestar para sus hijos e hijas y las futuras generaciones de nietos y nietas.
“Este caso, se encuadra en las constantes y fundadas denuncias que los pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba han realizado ante la CIDH, y que en el caso del pueblo Bribri de Salitre originó el expediente 13.540 que se encuentra a la espera de la decisión conjunta de admisibilidad y fondo”, agrega FPP.
“Ambos pueblos, señala la organización, sobreviven cotidianamente una violencia sistemática en sus territorios víctimas de una ocupación ilegal masiva, respaldada por la aquiescencia estatal que, junto con negar la actual dimensión de la violencia, no les otorga la adecuada protección que la gravedad de la situación exige, colocando en riesgo la vida e integridad de las personas que integran las comunidades, les impide la posesión efectiva y la seguridad del dominio de su territorio tradicional”.
Ambos pueblos, beneficiarios desde el 2015 de una incumplida medida cautelar MC 321/12, han enfrentado el incremento de la violencia en su contra, el asesinato impune de dos de sus líderes, Sergio Rojas y Jehry Rivera, muchos de sus integrantes -incluidas mujeres, niños y niñas- han sufrido amenazas, ataques, lesiones, han sobrevivido intentos de asesinatos, han sufrido el terror de ver sus tierras y casas incendiadas”.

Razón por la cual, el 8 de julio de 2020, los pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba acompañados de sus representantes legales reiteraron en una reunión de trabajo con la CIDH y representantes del Estado, la necesidad de que la CIDH se pronuncie sobre la solicitud formulada desde el 2018 para que las personas beneficiarias de medidas especiales de protección que se encuentran en una situación de profundo riesgo “cuenten con la protección de Medidas Provisionales (medidas cautelares) otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CorteIDHH”.