La Fiscala General, Emilia Navas, dijo que la acusación fue firmada el martes y que este miércoles se le notificó a la Procuraduría General de la República para que analice si presentará una demanda civil por los perjuicios al Estado.
El delito de prevaricato lo comete un funcionario público cuando toma decisiones contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que un tribunal tendrá que decidir si ese fue el caso cuando Arias firmó el decreto declarando de interés público la explotación minera.
El proyecto estaba en manos de la empresa canadiense Industrias Infinito (Infinito Gold, la casa matriz) y consistía en la extracción masiva de oro a cielo abierto en el sitio conocido como Crucitas, en la zona fronteriza con Nicaragua.
La empresa fue polémica desde el principio, pues el movimiento ambientalista, científicos universitarios y otras voces calificadas, aseguraron que la explotación causaría un daño ambiental de grandes proporciones en una zona de rica biodiversidad, por lo que no podía considerarse de interés público ni de conveniencia nacional.
Al cabo de una larga pugna judicial, el Tribunal Contencioso Administrativo decretó la ilegalidad del contrato y envió al Ministerio Público el expediente para que se investigara una posible responsabilidad penal de Arias, del ex ministro de Ambiente Roberto Dobles y de otros funcionarios.
Al final, la Fiscalía a cargo de Jorge Chavarría, solo accionó contra Dobles y varios funcionarios de SETENA. Dobles fue condenado en 2015 a tres años de prisión por prevaricato.
En aquel momento fue motivo de críticas el hecho de que se hubiera excluido del proceso al expresidente Arias, siendo éste responsable en igual medida que Dobles del decreto emitido en favor del proyecto Crucitas. Tras la salida de Chavarría del Ministerio Público, la nueva Fiscal General Emilia Navas decidió reabrir el caso.
