Costa Rica presentó evidencia de los daños provocados por la apertura de canales.
Costa Rica presentó evidencia de los daños provocados por la apertura de canales.

El tribunal ordenó al gobierno de Nicaragua que retire de isla Portillos todo personal civil o militar y cesar cualquier labor de dragado con el fin de evitar daños irreparables a la zona, protegida por la Convención de humedales de la ONU:

"Nicaragua tendrá que garantizar la retirada del territorio en litigio de todos los agentes ya sean civiles, de policía o de seguridad e impedir la entrada de tales agentes en el territorio mencionado", segun el fallo leído por el presidente del tribunal, Peter Tomka. 

La CIJ también ordenó al gobierno de Nicaragua rellenar los dos canales que abrió en isla Portillos en un plazo de dos semanas.

“Nos sentimos sumamente satisfechos, no hay la menor duda de que el derecho le respondió a Costa Rica como Costa Rica esperaba, es decir, con justicia, y confirma que si bien a veces estos juicios llegan más lento de l oque nuestra impaciencia demanda, llegan como tienen que llegar", afirmó la presidenta Laura Chinchilla tras conocer el fallo.

La sentencia renoció “en primer término, el derecho que tenía Costa rica de volver a acudir a la Corte y a solicitar el fortalecimiento de las medidas cautelares que ya se habían resuelto en el año 2011", agregó.

"En segundo lugar, a partir de la evidencia que Costa Rica presenta se confirma la  existencia de los trabajos ilegales por parte de Nicaragua, es decir, se confirma la verdad que quisimos demostrar a lo largo de todo el proceso y, ademá,s reconoce que estos trabajos más allá de violar las medidas cautelares que ya la CIJ había dictado en el 2011, tenían repercusiones adicionales como el eventual desvío del río San Juan, el unir ese cauce del río San Juan con el mar Caribe", puntualizó la mandataria.

Costa Rica acudió a la Corte en setiembre pasado tras comprobar que Nicaragua había dragado dos caños más en isla Portillos, buscando unir el río San Juan con el mar Caribe.

Según la Cancillería, el objetivo de estos trabajos era desviar el curso del río San Juan para alterar el trazado fronterizo.

En las audiencias celebradas en octubre en La Haya, NIcaragua reconoció las acusaciones de Costa Rica pero intentó defenderse diciendo que habían sido hechas sin consultar al gobierno y por iniciativa personal por Edén Pastora, también conocido como Comandante Cero.

Sin embargo, los representantes de Costa Rica en La Haya fueron claros en señalar que Pastora es un funcionario del gobierno nicaragüense y que el Estado como tal no podía deslindarse de responsabilidades por los daños causados.