La iniciativa contó con el voto de los 40 diputados presentes en la sesión, dos más de los 38 necesarios para pasar la reforma, según lo habían establecido como requisito los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, opuestos al cambio.

La ley establece que estarán exentas de dicha contribución las pensiones inferiores a los ocho salarios base pagados en la administración pública, o sea, aquellas por debajo de los 2,2 millones de colones. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial el tope es de seis salarios mínimos dentro de su propia escala, lo que equivale a 2,6 millones.

La ley, que requiere la aprobación en segundo debate, también establece la jubilación obligatoria excepcional.

Esta disposición autoriza al Poder Ejecutivo, en situaciones de emergencia fisca y previa declaratoria del Banco Central, gestionar de oficio la pensión de aquellos funcionarios que cumplan con los requisitos.

El gobierno reaccionó complacido con la decisión legislativa. El presidente Carlos Alvarado reiteró lo que ha expresado en otras ocasiones, que las pensiones lo que buscan es proteger y no enriquecer a las personas retiradas.