En el marco del plenario legislativo del pasado viernes, el diputado del partido Restauración Nacional, Carlos Avendaño, insistió en la necesidad de reducir el nivel de tolerancia de alcohol indicado en la reforma a la Ley de Tránsito que se encuentra en trámite en el Congreso.
El legislador presentó durante la mencionada sesión alrededor de 32 mociones de revisión y, con una de ellas, pretende dejar en 0.20  el nivel  de alcohol permitido para conducir un medio de transporte. 
La propuesta de Avendaño, además,  establece una multa de 426.000 colones cuando se compruebe que una persona conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas, superando los 0.20 gramos por cada litro de sangre o 0.10 mililitros en aire.
Sin embargo, la mayoría de los diputados de la comisión que analiza la iniciativa  defienden el dictamen ya aprobado, en el que a los conductores con menos de tres años de experiencia y a los que tienen la conducción como profesión se les multa si la alcoholemia resulta entre 0.2 y 0.5, y  penas de cárcel si es mayor a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre.
Por otra parte, para los demás conductores, la Ley  establece una multa si los niveles son entre 0.5 y 0.75 y  cárcel si es mayor a 0.75.
Asimismo, los defensores de la nueva propuesta  aseguran que la multa debe disminuir, pues la actual es “desproporcionada e irracional”.
Avendaño criticado
Los diputados de oposición señalaron, el pasado viernes, al aliado del oficialismo y representante de Restauración Nacional como el principal responsable del atascamiento de la Ley de Tránsito.
De acuerdo con el congresista del partido Acción Ciudadana, Víctor Hernández, “los escollos que sufre el proyecto no son producto de la falta de interés o la capacidad de los miembros de la comisión, como sugiere la presidenta Laura Chinchilla” sino que han sido generados por “las mociones del diputado Carlos Avendaño” y su “reiteración de asuntos ya discutidos”.
A pesar de las críticas del Poder Ejecutivo, el representante del PAC señaló que la comisión dictaminadora seguirá trabajando, aunque el expediente no ocupe el primer lugar de la agenda legislativa.