“No se puede obviar que el señor Ramírez fue sancionado con una suspensión de dos meses, por haber participado en la desestimación de una causa contra dos diputados en el año 2017, en el caso conocido como Cementazo”, afirma un comunicado de las organizaciones gremiales. 

Además, la Fiscalía General investiga a Ramírez en una causa penal relacionada por los mismos hechos del Cementazo, afirma la declaración.

Paralelamente, la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), que aglutina a la mayoría de los jueces, expresó “profunda preocupación” por el nombramiento de Ramírez, en “el delicado momento que atraviesa el Poder Judicial, debido a ataques estructurales sin precedentes de parte del poder político, tendientes a su absoluto debilitamiento”.

“Esta Asociación insta al magistrado Jesús Ramírez para que dadas las implicaciones de este nombramiento, reconsidere y no asuma la Presidencia de la Sala, por estar pendiente una investigación penal en la que figura como denunciado”.

De acuerdo con los sindicatos, bajo condiciones idénticas, ningún funcionario del Poder Judicial podría optar -en tan corto plazo- por un ascenso, de ahí que califica de inexplicable el nombramiento de Ramírez.

“Fustigamos la decisión de la Sala III e instamos a los magistrados y magistradas que la conforman a dar una explicación pública de tan desafortunada elección, que pone de nuevo en la picota al Poder Judicial, a causa de actos realizados por la cúpula pero que son reclamados injustamente por la opinión pública a todo el conglomerado judicial”, agregan las organizaciones.

El julio del año pasado, la Corte Plena decidió suspender por dos meses a cuatro magistrados quienes desestimaron una causa penal contra dos ex diputados, vinculados al caso del cementazo.

Esta sanción provocó la renuncia de los magistrados Carlos Chinchilla, en ese momento presidente del Poder Judicial, así como de Doris Arias y María Elena Gómez. No obstante, Ramírez capeó la crisis y se mantuvo en el cargo.