“Es sumamente urgente una auscultación profunda de los asuntos que se están dando en la unidad ejecutora de los 132 millones de dólares que al país prestó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” para financiera dicho proyecto, así como la construcción de delegaciones policiales y centros cívicos para la paz, señala un comunicado de la organización.

La reacción se produjo luego de que el diario La Nación publicara una nota en la que asegura que dicho asesor ha recibido pagos por miles de dólares, entre los cuales se incluye un pago de 2.500 dólares para la traducción de un artículo de tres páginas obtenido en Internet.

Según la nota, dicho consultor no es experto en temas penitenciarios.

ANEP asegura que ya había planteado estas preocupaciones a la ministra Cristina Ramírez desde julio del año pasado.

“En dicha carta le recordábamos el compromiso ético del presidente Solís” de solo contratar la asesorías externa estrictamente necesarias y que no puedan ser realizada por personal de planta.

“Lo que se ha informado de la consultoría otorgada al señor Carlos Navarro Piedra pareciera reñir con varios conceptos del indicado compromiso ético presidencial, razón de más para que el mandatario Solís intervenga como se lo estamos pidiendo”, agrega la organización sindical.

El sindicato indica que desde que envió la carta a la ministra, “hemos estado recibiendo diversas informaciones que expresan preocupación de que no todo anda bien en las operaciones técnica-administrativas inherentes a la ejecución de dicho préstamo” del BID.