El esperado proyecto, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 3 de febrero pasado, crea un fideicomiso con recursos de empresas públicas como los bancos estatales y el INS para financiar la remodelación de la ruta, que tiene un costo previsto de 440 millones de dólares.
El plan consiste en ampliar a ocho carriles el tramo entre San José y el aeropuerto Juan Santamaría; a 6 carriles el tramo entre el aeropuerto y el cruce de Manolos y a 4 el trayecto restante hasta San Ramón.
La obra no solo es importante por la gran cantidad de tránsito que se moviliza todos los días de un punto a otro, sino también por la novedad que significa este modelo de obra pública frente a las malas experiencias dejadas por el sistema de concesión.
La ampliación de la carretera a San Ramón es un viejo proyecto que la pasada administración, de la presidenta Laura Chinchilla, había otorgado a la empresa brasileña OAS.
Sin embargo, las condiciones del contrato fueron adversadas por las comunidades de Occidente, que objetaron tanto los costos de construcción como las elevadas tarifas de peaje que pretendía imponer la compañía.
Tras meses de una intensa lucha de esas comunidades, el gobierno tuvo que echar atrás en el proyecto y rescindir el contrato. No obstante, eso representó para el país una pérdida de 45 millones de dólares que la administración de Chinchilla canceló a OAS en concepto de indemnización.
